Se trata de Las Llamas, en Argoños, y El Encinar, en Arnuero

El Encinar fue la primera urbanización con sentencia de derribo en Cantabria./ROBERTO ALONSO.

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha acordado suspender temporalmente la ejecución del derribo de 244 viviendas ilegales de Argoños y Arnuero hasta que se le informe del alcance del acuerdo del Parlamento autonómico que encomienda al Gobierno un plan para resolver esta situación. La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC se ha pronunciado en este sentido respecto a las urbanizaciones Pueblo del Mar y Las Llamas, de Argoños, y también sobre El Encinar, en la playa de La Arena (Arnuero), sobre la que recayó la primera de las sentencias de demolición dictadas en Cantabria .

En total, estas resoluciones afectan a 244 viviendas (22 chalés en Las Llamas, 78 en Pueblo del Mar y 144 apartamentos en playa de La Arena) que fueron denunciadas por la asociación ecologista ARCA y sobre las que pesan sentencias firmes de demolición. La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC ha dictado tres providencias para requerir al Gobierno de Cantabria que informe del contenido y el alcance del acuerdo que adoptó por unanimidad el Parlamento el pasado 17 de diciembre, mediante la notificación de esta resolución a los servicios jurídicos del Ejecutivo.

El acuerdo suscrito por los tres grupos parlamentarios, PP, PRC y PSOE, encomendaba al Gobierno de Cantabria que establezca "en el plazo más breve posible" un plan encaminado "a dar solución, en la medida de lo legalmente viable", a los problemas de los afectados por las sentencias de derribo en la comunidad autónoma. Según los grupos parlamentarios, ese plan deberá tener en cuenta "la posible subsanación" de requisitos formales o de procedimiento, indemnizaciones por responsabilidad o una eventual legalización de los inmuebles afectados.

Actualmente, cerca de 600 viviendas tienen hoy sentencias de derribo en Cantabria , gran parte de las cuales se remontan a los años noventa, en los municipios de Arnuero, Argoños, Piélagos, Escalante y Miengo, a las que podrían sumarse las 400 previstas en el Alto del Cuco, también en Piélagos, cuyo plan parcial ha sido anulado. Hasta el momento, ninguna de esas viviendas se ha demolido, y varios de los concursos promovidos por los ayuntamientos para ejecutar esas demoliciones han quedado desiertos.

ARGOÑOS 16-05-2008

El TSJC decide suspender temporalmente el derribo de Pueblo del Mar I

Requiere al Gobierno para que informe al Tribunal del contenido y el alcance del acuerdo del Parlamento. El Ejecutivo fue instado por la Cámara, hace seis meses, para que buscase una solución al problema de los derribos

J. I. ARMINIO/R. ALONSO

La urbanización Pueblo del Mar I (78 viviendas) fue declarada ilegal en el año 2000. / M . CERRO La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha dictado una providencia en la que acuerda la suspensión temporal de los actos de ejecución de la sentencia de derribo de la urbanización Pueblo del Mar I (78 viviendas), situada en el municipio de Argoños. Asimismo, requiere al Gobierno de Cantabria para que la informe del contenido y el alcance del acuerdo adoptado por el Parlamento regional hace seis meses, en el que instaba al Ejecutivo a buscar una solución al problema originado a las víctimas por las sentencias de derribo. Los afectados, a quienes el Tribunal da la razón, esperan fallos similares en otras urbanizaciones.

Cantabria cuenta con 23 sentencias firmes de derribo que afectan a un total de 532 viviendas de cinco municipios costeros (Argoños, Escalante, Arnuero, Piélagos y Miengo). Todas las denuncias, excepto una (Escalante), fueron presentadas por la asociación ecologista Arca y en todos los casos se condena a los ayuntamientos. Esta administración, junto con el Gobierno regional, también es condenada en el caso de las sentencias por los daños morales ocasionados a las familias, que compraron sus viviendas legalmente.

El pasado 17 de diciembre, el Parlamento de Cantabria aprobó, por unanimidad, «encomendar al Gobierno regional que, a la vista de la situación en que se encuentran las personas perjudicadas por las sentencias de derribo de viviendas, establezca, en el plazo más breve posible, un plan encaminado a dar solución, en la medida de lo legalmente viable, a los problemas planteados, teniendo en cuenta las distintas situaciones en que se encuentran las personas afectadas».

Según el Parlamento, el Ejecutivo deberá actuar «de acuerdo con la naturaleza de la situación planteada y a la vista de la ley y de la jurisprudencia, la posible subsanación de los requisitos formales o de procedimiento, las indemnizaciones por responsabilidad, la posible legalización de los inmuebles, el asesoramiento a las personas afectadas y cuantas medidas de similar naturaleza se consideren procedentes». Por último, pide que, en la medida que sea necesario, le sean remitidas las iniciativas legislativas adecuadas para «permitir la viabilidad de la solución que se proponga».

Satisfacción

La gran mayoría de las familias afectadas integran la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que viene pidiendo justicia y movilizándose desde hace varios años. Su presidente, Antonio Vilela, mostró ayer su satisfacción por la providencia dictada por la Sala, a la que agradece «su sensibilidad».

«Es una noticia muy buena, nos da oxígeno. La Justicia ha dado el paso que la corresponde. Quiere ser informada sobre los pasos que se dan y que pueden afectar a los procedimientos en marcha. Lo que es una locura es continuar con el derribo de las viviendas, mientras, por otro lado, se estudia su regularización», afirma Vilela. El presidente de AMA recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha emitido fallos similares.

«Sabio y razonable»

Los afectados, a través de sus abogados, presentaron incidentes en los procedimientos, solicitando la suspensión cautelar de las sentencias de derribo, tras el acuerdo adoptado por el Parlamento. Providencias similares a la dictada para la urbanización Pueblo del Mar I pueden hacerse públicas en breve. «Es muy sensato que la Sala requiera para que se la informe de los pasos que se dan para intentar solucionar el problema. Es algo tan sabio y razonable que esperamos que se aplique a todas las urbanizaciones y se dicten providencias en cadena», explica Vilela.

Ahora todas las miradas se centran en el Gobierno de Cantabria, que sigue guardando silencio seis meses después del acuerdo unánime adoptado por el Parlamento. El presidente de AMA lamenta esta actitud y recuerda que en un informe del Defensor del Pueblo se apuntaban tres posibles soluciones al problema: «Regularizar las urbanizaciones que sea posible, compensar a las víctimas con aprovechamientos urbanísticos o indemnizarlas antes del derribo cuando no haya otra salida».

Ilegal desde el año 2000

En el caso del Pueblo del Mar I, la sentencia del TSJC que declaró ilegal el estudio de detalle fue fechada el 22 de febrero de 2000. A través de su publicación en los medios de comunicación, las familias se enteraron de que había una denuncia contra sus casas. Tres años después, el TSJC desestimó el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Argoños y le condenó a derribar las viviendas. El 7 de noviembre de 2006, otra sentencia condenó al Gobierno regional y al Consistorio a indemnizar por daños morales a las familias afectadas. Las cantidades son de 12.000 y 9.000 euros, dependiendo de sin son primeras o segundas viviendas.

El «calvario» que sufren los afectados supera en algunos casos la década y el cansancio, tras muchos años de movilizaciones, hace mella en el colectivo.

ARGOÑOS

«Empezamos a ver la luz al final del túnel»

16.05.08 - L. MENA

Familias afectadas en una movilización de AMA. / DM

Los vecinos de la urbanización Pueblo del Mar I recibían ayer con gran ilusión la noticia de la suspensión temporal de los actos de ejecución de la sentencia de derribo. Todos los consultados coincidían en señalar que «empezamos a ver luz al final del túnel» porque «aunque somos los últimos culpables de esta situación, somos los primeros afectados». Ángel Macías. «La noticia es estupenda. Cuando me ha llamado Antonio Vilela iba conduciendo y casi se me escapan las lágrimas. Aunque todavía es un pequeño paso y queda mucho por hacer, para nosotros es una gran noticia que la Justicia empiece a buscar soluciones».

Juan Luis Urrutia. «Por primera vez en mucho tiempo recibimos una buena noticia y esperamos que sea extensible a otras urbanizaciones. Hasta ahora hemos cargado con una gran injusticia y vamos a seguir movilizándonos. Este fin de semana pondremos banderas en las urbanizaciones afectadas; en junio iremos andando desde el Parlamento al Gobierno de Cantabria; y en julio iremos de Gama a Santander en el 'tren de los inocentes'». Fernando García de la Torre. «Estamos muy contentos. La situación que vivimos es absurda, de juzgado de guardia, porque según la sentencia iban a derribar nuestras casas pero después podrían volver a construir en el mismo sitio. Ahora instaremos al Gobierno de Cantabria y al Ayuntamiento de Argoños a que den todos los pasos para legalizar todas las viviendas, sin trucos, sin chapuzas. La noticia de hoy es el primer paso de coherencia. Sería dramático que un día llegara la Guardia Civil y sacara a familias enteras para demoler sus casas y después ver cómo construyen otras en ese mismo sitio».

Mientras esta noticia era recogida con gran entusiasmo por los afectados, los vecinos de otras urbanizaciones sobre las que pesa una sentencia similar reaccionaban alegrándose mucho y esperando que «sentara un precedente». Es el caso de Teodoro Arenal, un vecino de la urbanización Las Llamas I. «Me alegra saber que el TSJC se está dando cuenta de los grandes errores que se han cometido. Sólo espero que averigüen quien o quienes son los responsables de la gran descoordinación que hay en Urbanismo y se tomen medidas contra quienes hayan metido la pata».

ARGOÑOS

Las sentencias por daños morales, otra alegría

16.05.08 - J. I. A.

Los afectados por las sentencias de derribo de viviendas en Cantabria han recibido dos buenas noticias en los últimos días. La conocida ayer fue precedida el día 8 por un fallo del Tribunal Supremo que condena al Gobierno regional y al Ayuntamiento de Argoños a indemnizar a una pareja de Zorroza (Vizcaya) con 9.000 euros por daños morales. Cientos de familias esperan un fallo similar, que sirva para paliar el sufrimiento de muchos años, tras comprar sus viviendas de forma legal y pesar sobre ellas una orden de derribo.

También en este caso el Gobierno regional optó por el silencio, mientras los afectados califican de «inmoral» el hecho de que el Ejecutivo recurra las sentencias por daños morales ante el Tribunal Supremo, unos recursos que «pierde siempre porque la cuantía en juego es inferior a 150.000 euros y el Tribunal ni siquiera llega a pronunciarse sobre ellos, condenando al Gobierno a pagar las costas».

La actitud del Gobierno ha contribuido a enquistar el problema de las sentencias de derribo de viviendas en Cantabria. Mientras tanto, los afectados continúan con su calendario de movilizaciones, exigiendo que se haga justicia con sus encierros, marchas, concentraciones...