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Diario Montañes 17-04-2006
Protesta de AMA en Santander
La concentración se celebró en Santander. / SE QUINTANA
Más de un centenar de personas convocadas por la Asociación Maltratados por la Administración (AMA) se concentraron ayer en la Plaza del Ayuntamiento de Santander para pedir la legalización de las aproximadamente 500 viviendas afectadas en Cantabria por sentencias de derribo. El portavoz de AMA, Antonio Vilela expuso las propuestas que la asociación quiere plantear a responsables políticos, entre ellas que se lleven a cabo modificaciones legislativas que hagan posible la legalización de dichas viviendas.
Diario Montañés 12-04-2006
La AMA valora de forma positiva el último fallo de los tribunales La sentencia reconoce un daño moral a los propietarios de una vivienda, pero consideran mínima la indemnización
ROBERTO ALONSO/SANTANDER
La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que incluye a 2.000 personas cuyas viviendas tienen una sentencia de derribo, valoran de forma positiva la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que reconoce la existencia de un daño moral a los dueños de una vivienda en Argoños. Así, lo aseguró el presidente, Antonio Vilela, que destacó también como favorable que se condene al Ayuntamiento y al Gobierno regional. Entre las dos instituciones deberán pagar 9.000 euros a los afectados, según recoge el fallo del tribunal.
Sin embargo, la AMA no entiende que «después de una exposición tan clara y brillante por el juez reconociendo que las víctimas han sufrido zozobra, inquietud, inseguridad y amenaza, la indemnización sea tan mínima y que además no se reconozcan los daños reales producidos». Vilela señaló que «sólo en Argoños quedan pendientes de resolución más de quince procesos y que tras las sentencias de El Encinar, en Arnuero, y esta última en Argoños, el Gobierno de Cantabria debería solucionar de forma urgente este problema».
Marbella
La AMA se pregunta sí la Fiscalía Anticorrupción, al igual que ha sucedido en Marbella, no se plantea investigar lo que está pasando en Cantabria, donde existen más de veinte fallos firmes que condenan a las Administraciones.
Argoños 28-03-06
Indemnización de 9.000 euros para los dueños de una vivienda con sentencia de derribo El fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria asegura que se trata de una vivienda de segunda ocupación y que sus propietarios han sufrido daños morales
ROBERTO ALONSO/ARGOÑOS
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha condenado al Ayuntamiento de Argoños y al Gobierno de Cantabria a pagar una indemnización de 9.000 euros a los propietarios de una vivienda por los daños morales que han sufrido. La pareja es propietaria de una casa en la urbanización Las Llamas, que cuenta con sentencia de derribo del Tribunal Supremo.
La Sala estima parcialmente el recurso de los afectados, una pareja que solicitó 252.427 euros por los daños y perjuicios sufridos por la sentencia de demolición, materializando sólo los morales, y dejando los materiales al cumplimiento del derribo.
La sentencia sigue la dictada en marzo de 2005 por el TSJC respecto a la urbanización El Encinar, de Arnuero, cuyos propietarios recibirán 12.000 euros, si se trata de la primera residencia, y 9.000 euros, si era segunda vivienda y que deben pagar el Ayuntamiento de Arnuero y el Ejecutivo regional.
En Argoños, los apelantes tienen su primera residencia en Lejona, Vizcaya, y adquirieron la casa con anterioridad a la publicación de la sentencia de 5 de julio de 2000, en la que se declaró la nulidad de la licencia de obras,y se acordó la demolición de las 22 viviendas de la urbanización.
Según el TSJC, desde dicha sentencia de 2000, «los propietarios han sufrido zozobra, inquietud, inseguridad y amenaza cierta de la pérdida de sus viviendas, lo que supone un indudable sufrimiento moral que ha permanecido a lo largo de todos estos años y que es susceptible de ser indemnizado a la fecha presente porque dichos daños morales están ya consumados y forma parte del padecimiento psíquico de los afectados».
Los magistrados explican que resulta «clara y evidente la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Argoños, en cuando que fue la Administración que otorgó la licencia de obras anulada».
Respecto al Gobierno cántabro, la Sala dictaminó que era «consciente de la ilegalidad de la licencia, de julio de 1997, en tanto que por acuerdo de la Comisión Regional de Urbanismo decidió que el estudio de detalle previo tenía actuaciones que constituyen una clara degradación del entorno de Argoños». Pese a que desde la Comisión Regional de Urbanismo se instó a contratar asistencia técnica, «ninguna de dichas actuaciones se llevaron a cabo».
Arnuero 25-03-06
La asociación de afectados califica de «injusto» el derribo
El colectivo ha organizado un homenaje a los mayores el día 16 de abril en la Plaza del Ayuntamiento de Santander
ROBERTO ALONSO/ARNUERO
La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) valora el derribo de la urbanización de El Encinar como «una injusticia y una triste noticia para Cantabria, donde se pone de manifiesto la incapacidad para solventar problemas; para el Ayuntamiento de Arnuero, ya que el dinero de los vecinos se destinará a la demolición y no para fines sociales o medioambientales, así como para los afectados que ven como se consuma una de las mayores injusticias con este colectivo».
La AMA pide al Gobierno de Cantabria, a quien consideran responsable de la situación, una solución para las 500 familias y 2.000 personas afectadas por las diferentes sentencias de derribo, entre los que se encuentran los propietarios de los 144 apartamentos de El Encinar.
El presidente de esta asociación, José Antonio Vilela, indicó que «se ha llegado a esta situación por la irresponsabilidad del Gobierno de Cantabria que no se ha atrevido a buscar una solución, porque políticamente no era rentable».
La AMA avanzó que estará por solidaridad al lado de la comunidad de vecinos de Arnuero, ya que «nos preocupa el sufrimiento que padecen por los errores de terceras personas».
Vilela no entiende «cómo se puede derribar antes de que los afectados cobren sus indemnizaciones, cuando han sufrido daños morales y psicológicos, en el caso de algunos, desde hace más de diez años». Aun así, el presidente recalcó que nunca han pensado en el dinero, sólo en sus casas.
Dolores Gorostiaga
Los afectados han mostrado su malestar con la vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Dolores Gorostiaga, «por anunciarnos que nos recibiría en febrero, luego en marzo debido a que tiene un agenda muy apretada y ahora desconocemos cuándo nos recibirá».
José Antonio Vilela recordó a Gorostiaga que algunos problemas urbanísticos datan de cuando esta consejera era concejal en el Ayuntamiento de Piélagos.
En cuanto a la propuesta del consejero de Presidencia y Urbanismo, José Vicente Mediavilla, de que se podía solventar la situación legalizando las viviendas con la redacción de los Planes Generales de Ordenación Urbana, la AMA asegura que «nosotros lo apoyamos, pero están dormidos y ni el de Argoños se acaba de aprobar».
El próximo día 16 de abril, domingo, a las 13 horas, la AMA ha organizado en la Plaza del Ayuntamiento de Santander un homenaje a los vecinos mayores que vienen padeciendo desde hace muchos años el proceso jurídico de la demolición de sus viviendas y las movilizaciones que han llevado a cabo para reclamar una solución que no pase por el derribo.
VIZCAYA El Ayuntamiento iniciará tras el verano la demolición de viviendas en Arnuero
El Consistorio reserva el dinero necesario para derribar los primeros 24 inmuebles de la urbanización El Encinar Los propietarios piden indemnizaciones para dejar sus casas
HELENA RODRÍGUEZ/BARACALDO
Casi doce años después de que los tribunales ordenaran por primera vez la demolición de una urbanización costera en Arnuero, el Ayuntamiento del municipio ha anunciado que iniciará el derribo de las viviendas. El alcalde de la localidad cántabra, José Manuel Igual, confirmó ayer que ya han reservado el dinero necesario para desmantelar los primeros pisos y chalés. Según los cálculos del primer edil, las piquetas empezarán a trabajar después del verano en 24 de los 144 inmuebles que conforman el núcleo residencial de El Encinar de Isla.
«En cuanto se aprueben los presupuestos municipales, donde hay consignados 125.000 euros, se convocará un concurso público y se adjudicarán los derribos. Pensamos que para septiembre u octubre las máquinas comenzarán a trabajar», detalló el primer edil de Arnuero. Las dos primeras fases de la operación de desmantelamiento afectarán a dos bloques deshabitados y a medio construir situados cerca de la playa.
El resto de viviendas, 102 de ellas habitadas, serán derruidas en seis fases posteriores que absorberán una inversión total de un millón de euros que en principio deberán ser asumidos íntegramente por el Consistorio. «Interpusimos una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria para que el Gobierno regional se hiciera cargo de los costes. El juez resolvió en primera instancia que lo pagásemos al 50%, pero ambas instituciones hemos recurrido», explicó Igual.
Aunque ya han reservado una partida en los presupuestos, el alcalde explicó ayer que ha intentado buscar fórmulas para evitar las demoliciones. «La sentencia del Supremo es firme y las pocas posibilidades de arreglo que existían desaparecieron cuando entró el vigor el Plan de Ordenación del Litoral, que califica la zona como de especial protección ecológica», aclaró el primer edil en referencia al área que ocupan las viviendas.
Las familias afectadas acogieron la noticia con resignación. «Van a empezar por los bloques vacíos, pero luego llegará el momento de derribar las casas habitadas», lamentó Esteban Alday, portavoz de los residentes en la urbanización. A su juicio, la decisión del Ayuntamiento de Arnuero abre la puerta a que otras viviendas condenadas a la piqueta sean demolidas. Hasta ahora, 16 zonas residenciales de Cantabria han sido declaradas ilegales por irregularidades urbanísticas.
«Poca sensibilidad»
Ante la inminencia de los derribos, Alday quiso dejar «bien claro» que no van a abandonar sus hogares sin «una indemnización justa». Sin embargo, esta posibilidad ha sido desestimada por el Tribunal Supremo, que en su momento dictaminó que no se pagará nada hasta que no se hayan producido los desmantelamientos.
El inicio del proceso de demolición en Arnuero fue recibido también con desilusión por la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que agrupa a más de 2.000 personas. «Las instituciones demuestran una vez más que tienen muy poca sensibilidad», criticaron.
OPINIÓN/
Piqueta inexorable
SANTIAGO GONZÁLEZ/
El Ayuntamiento de Arnuero acaba de aprobar el expediente de derribo de 24 viviendas, las primeras de las condenadas por el Tribunal Supremo después de un calvario que dura ya doce años para las 500 familias, vizcaínas en su mayoría, que un buen día invirtieron sus ahorros o su capacidad de endeudamiento en la compra de una segunda vivienda en Cantabria.
La historia es tan sencilla como habitual en estos lares. Las víctimas de esta historia compraron su pisito después de asegurarse de lo normal: que la empresa constructora tenía los permisos de construcción, de habitabilidad, que no tenían cargas, en fin todas esas cuestiones burocráticas con que las administraciones (en este caso local y autonómica) bendicen la apoteosis del ladrillo. ¿Quién de entre los confiados compradores iba a suponer que el Plan General de Ordenación Urbana era ilegal, que así lo iban a declarar los tribunales ante las denuncias de los ecologistas y que las administraciones responsables se iban a llamar andanas?
El Ayuntamiento de Arnuero, que no ha conseguido dinero para indemnizar a los propietarios, sí ha logrado reunir un millón de euros para poner en marcha la piqueta para después del verano. De momento, esta demolición va a tener un carácter experimental, una especie de ensayo general con todo, porque son 24 viviendas no terminadas.
Los vecinos han creado una Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) y se muestran dispuestos a todo. Preferirían conservar sus casas, pero si no puede ser, exigen justamente que se les indemnice en consonancia con el valor real de su vivienda y por los sinsabores que han atravesado en los últimos doce años. AMA se entrevistó en febrero con el presidente autonómico, Revilla, este pintoresco dirigente que va en taxi a los sitios para ahorrar y lleva siempre unas latas de anchoas para regalar. Dio buenas palabras a sus visitantes, pero ayer en el Gobierno que preside nadie quiso hacer declaraciones sobre el asunto.
«Vivimos una agonía a plazos»
Los vecinos de El Encinar, en Arnuero, afrontan con inquietud el anuncio del derribo de los dos primeros bloques de viviendas y advierten de que no se van «a quedar quietos»
HELENA RODRÍGUEZ/ARNUERO
El sol y la agradable temperatura invitaban ayer a muchos de los propietarios de los apartamentos de la urbanización El Encinar, en la localidad cántabra de Arnuero, a visitar sus casas. Muchos habían desayunado con la noticia de que el Ayuntamiento ha decidido derribar dos de los bloques que componen el núcleo residencial después del próximo verano. Una vuelta de tuerca más en la situación que sufren, desde hace casi doce años, las 144 familias que habitan una zona condenada a la piqueta por el Tribunal Supremo.
«Cada vez que sale algo nuevo en la Prensa volvemos a angustiarnos», lamenta Txema Sánchez, un bilbaíno que junto a su esposa, María Ángeles Uriarte, compró una de las viviendas en 1994. El matrimonio, uno de los primeros en llegar, insiste en dejar muy claro que la urbanización «no está en medio del encinar, ni sobre la playa».
«Esto no son chalés de lujo, sino apartamentos de 45 ó 50 metros cuadrados. Para muchos son su segunda residencia, pero hay otros que viven aquí», puntualizan. Pese a que el inicio de los trámites para demoler dos bloques, deshabitados e inacabados, acerca aún más el desmantelamiento de sus casas, la pareja, como el resto de los habitantes de la urbanización, se niega a arrojar la toalla y se resiste a creer «que los vayan a tirar».
Sin explicación
«Cuando vinimos aquí y hablamos con la constructora no había ningún problema. Luego, con las denuncias, las cosas empezaron a complicarse, pero pensamos que la Justicia nos ayudaría. Después la bola fue creciendo. La ley no nos ayuda y los políticos dan buenas palabras, pero luego no hacen nada», critica Txema. A su lado, su hija Eider, de doce años, juega con una pelota. «Nació cuando compramos esta casa, ha pasado todos los veranos y fines de semana de su vida aquí, y no entiende por qué van a derribar nuestro hogar. Nosotros, los adultos, tampoco sabemos explicárselo», admite.
No muy lejos, Fernando limpia el pequeño jardín situado delante de su casa. «Levantarme por las mañanas y escuchar el canto de los pájaros es una maravilla», asegura este cántabro que aprovecha «cualquier momento libre» para acudir a Arnuero. Con gesto serio y voz pausada, siente que las administraciones les «han tomando el pelo» y describe la situación de los propietarios, que se alarga desde 1994, como «una agonía a plazos». «El Ayuntamiento ahorra dinero para tirar la urbanización. No entiendo por qué con ese dinero no nos indemnizan», manifiesta. La sensación de indefensión también ha calado en él que, como el resto, recuerda que lo único que hizo en su momento fue «juntar unos ahorros, con mucho esfuerzo, para comprarme una vivienda en un lugar que conocí casualmente y me encantó».
Maite y su marido volvían ayer a Arnuero desde Bilbao. «No hemos estado desde el puente de la Constitución. Venimos a limpiar y ver cómo está todo», reconoce la mujer. Ellos, como el resto, no quieren el dinero de las posibles indemnizaciones -caso de materializarse el derribo- sino «que legalicen la situación». No obstante, advierten que no están dispuestos a abandonar su casa sin que les paguen «una cantidad justa». Por el momento, «parece que este verano lo pasaremos aquí, pero no nos vamos a quedar quietos mientras tiran nuestra casa», anuncian.
EL CORREO 4-3-05
El Defensor del Pueblo reclama información sobre los derribos en la costa cántabra.
H. RODRÍGUEZ/CASTRO
El Defensor del Pueblo ha solicitado a las administraciones cántabras que le remitan de forma urgente toda la documentación relativa a los derribos de viviendas en la costa. Según ha denunciado la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), el organismo ha «requerido esa información urgentemente y por segunda vez».
«Es difícil entender que unos informes que esa oficina ya pidió en septiembre de 2005 no se le hayan facilitado aún», criticaron los afectados, en su mayoría familias vizcaínas. AMA acudió el año pasado a la institución, presidida por Enrique Múgica, en busca de respuestas a la grave situación en la que les dejaron las 17 sentencias que obligaban a echar abajo sus casas.
El grupo, que el pasado febrero se reunió con el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, reclamó tanto al Gobierno regional como a los ayuntamientos implicados «la mayor celeridad en la resolución de todos los trámites administrativos». De ellos depende «que se solucione la situación que padecen más de 2.000 personas», advirtieron
CANTABRIACONFINDENCIAL.COM
Sábado 22 de octubre de 2005
ASOCIACIÓN DE MALTRATADOS POR LA ADMINISTRACIÓN SE MANIFESTÓ EN ARGOÑOS
AMA pide al Gobierno seguridad jurídica total
La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), formada por 500 familias sobre cuyas casas pesan sentencias de derribo en Cantabria, se manifestaron hoy en el Ayuntamiento de Argoños, desde donde pidieron al Gobierno de Cantabria que se ponga "en la situación de las víctimas de derribo" y les otorgue "una seguridad jurídica total".
En declaraciones a Europa Press, el portavoz de AMA, Antonio Vilela, manifestó que los afectados por las sentencias de derribo en Cantabria se encuentran ya "muy cansados" y mermados "anímica y psicológicamente" puesto que el proceso está avanzando "más lentamente de lo que parece de justicia".
Por ello, los integrantes de AMA solicitaron hoy al Ejecutivo regional "ante todo, seguridad jurídica" porque "es importante buscar una solución, pero también hacerlo bien". "Que nadie pueda llamar a nuestra puerta un día y decirnos que hay fuera una escavadora para tirar nuestras casas", pidió.
Para ello, "el Parlamento tendrá que legislar y que lo haga incluso si tiene que legislar urbanización por urbanización", con el objetivo de que la garantía jurídica "sea total".
Así, solicitaron al Gobierno que no les "venda humo". "Que no nos digan que está todo solucionado y mañana no sea así; no sería soportable por nosotros que hoy nos dijeran que está solucionado y dentro de tres días alguien fuera a un juzgado y nos encontrásemos con otra sentencia de derribo", explicó.
En este sentido, manifestó que al problema de los afectados por sentencias de derribo en la Comunidad Autónoma "hay que darle solución porque es de justicia y porque encima hay soluciones".
"Jurídicamente hay muchas posibilidades de legalizar la totalidad de las viviendas: se ha hecho en otras comunidades con una situación mucho peor", como por ejemplo "en Andalucía y la Comunidad Valenciana, donde se ha hecho una Ley de Punto Final". "Si eso se ha podido hacer en otras comunidades por qué en la nuestra no se puede hacer", se preguntó Vilela.
Por último, este portavoz aseguró que a pesar del cansancio, AMA seguirá manifestándose para no caer "en el olvido de las administraciones" y conseguir "una solución" a su problema.
Cantabria / REGIÓN 25-09-2005
La AMA recopila información para remitirla al Defensor del Pueblo
R. A./SANTANDER
La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que preside Antonio Vilela, está realizando la recopilación de la documentación jurídica, técnica y psicológica sobre la situación que viven más de 2.000 personas sobre cuyas viviendas pesa una sentencia firme de derribo en Cantabria, con el objetivo de remitirla al Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, con quien se entrevistaron el 31 de agosto en Santander.
La AMA adjuntará un dossier de prensa con más de 800 artículos que en su opinión «reflejan su situación de indefensión y cuya información se remonta a finales de los años 80 y principios del 90».
Un equipo de arquitectos, psicólogos, biólogos, entomólogos y abogados de esta Asociación están colaborado en el proceso de recopilación y elaboración de toda esta información.
La AMA espera tener finalizada para el mes de octubre la recopilación jurídica de la situación que padecen y para finales de noviembre la parte de los informes psicológicos y técnicos.
Según indicaron, en breve continuarán los contactos con el Gobierno de Cantabria y los diferentes Ayuntamientos implicados con el fin de buscar una solución a sus situación, «evitando en todo momento que se derriben sus urbanizaciones», señaló Vilela.
Cantabria / REGIÓN 16-09-2005
Piden la realización de un PGOU que dé respuesta a los vecinosLa Asociación de Maltratados por la Administración se reunió con el alcalde
R. ALONSO/PIÉLAGOS
La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) pidió a los responsables del Ayuntamiento de Piélagos que «se realice un buen Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que dé respuesta y soluciones a todos los ciudadanos de este municipio» y que se «agilice todo lo posible» ya que «estar con un PGOU que data del año 1993 ha causado muchos problemas a los vecinos».
Estas peticiones fueron realizadas por representantes de AMA en una reunión que mantuvieron anteayer, martes, con el alcalde de Piélagos, Jesús Ángel Pacheco, y el teniente alcalde, Celestino Cobos. Según indicó AMA, estos responsables políticos mostraron «su disposición para dialogar con todas la instituciones con el fin de tener una Normas Urbanísticas actualizadas».
Además, mostraron su preocupación por «el retraso que por parte del Gobierno de Cantabria hay en este tema» en el que se puede llegar a «aplicar el silencio administrativo, por la falta de respuesta de la institución autonómica».
Por ello, AMA instó a ambas instituciones a «trabajar conjuntamente en el ámbito de su responsabilidad agilizando y facilitando la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de Piélagos», por ser «una necesidad prioritaria para este municipio».
Por último esta asociación ofreció su «colaboración y apoyo» ya que, según consideraron, «mediante el trabajo y el diálogo se pueden buscar soluciones para todos los ciudadanos del término municipal».
DESDE AMA QUEREMOS MANIFESTAR:
QUE LA ASOCIACIÓN DE MALTRATADOS POR LA ADMINISTRACIÓN –AMA- TRABAJA DESDE SU CREACIÓN POR UNA CANTABRIA MEJOR, CON LA MANO TENDIDA A TODO EL MUNDO.
DONDE MEDIANTE EL DIALOGO Y EL ACUERDO BUSQUEMOS SOLUCIONES PARA TODOS, POR UNA CANTABRIA MAS JUSTA Y SOLIDARIA
¿OÓMO ES POSIBLE QUE UNA ASOCIACIÓN QUE DICE LLAMARSE ECOLOGISTA PIDA EL DERRIBO DE LAS VIVIENDAS DE CIENTOS DE PERSONAS INOCENTES, Y ENCIMA LO HAGA A TRAVÉS DE FIGURA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO, SRES. DE ARCA HAN PERDIDO UDS. EL NORTE.
ESA ASOCIACIÓN QUE UTILIZA EL ECOLOGISMO COMO ARMA CONTRA CIUDADANOS INOCENTES, QUE NO HA TENIDO NI LA SENSIBILIDAD, NI LA EDUCACIÓN DE RECIBIR A LAS VICTIMAS COLATERALES QUE HAN CREADO.
QUE SE DEDICA A INTENTAR TORPEDAR CUALQUIER SOLUCIÓN QUE SE PUEDA CONSEGUIR MEDIANTE LA LEGALIDAD VIGENTE.
SE NOTA EL NERVISISMO DE QUIEN NO TIENE LA CONCIENCIA TRANQUILA Y ATACA AL MÁS DÉBIL Y POR LO CUAL PAGARÁ SU COSTE SOCIAL.
NOSOTROS NO CAEREMOS EN SUS PROVOCACIONES, NI NOS HEREMOS ECO DE RUMORES, SOLAMENTE QUEREMOS SEGUIR TRABAJANDO PARA DAR SOLUCIONES A LOS CIUDADANOS, QUE NO DERRIBEN SUS VIVIENDAS, NI TENGAN QUE PAGAR CUANTIOSAS INDEMNIZACIONES, SIEMPRE RESPETANDO A LAS PERSONAS, INSTITUCIONES, Y DESDE LA LEGALIDAD EN TODAS NUESTRAS ACTUACIONES.
ESE COLECTIVO LLAMÁNDOSE ECOLOGISTA SE DEDICA A PEDIR EL DERRIBO DE LAS VIVIENDAS DE LAS FAMILIAS INOCENTES EN CANTABRIA.
ARCA pide al Defensor del Pueblo que exija la demolición de las urbanizaciones ilegales
-->>[ARCA] [09-09-05]
La Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA) ha remitido una carta al Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, solicitando que elabore un informe sobre el desastre urbanístico padecido por la región y que, entre sus conclusiones, recoja la exigencia de que Gobierno y Ayuntamientos asuman íntegramente el contenido de las sentencias de demolición y las ejecuten sin dilación de ningún tipo De este modo ARCA interviene en el procedimiento abierto con la entrevista celebrada en Santander por el Defensor del Pueblo y miembros de la denominada Asociación de Maltratados por las Administraciones (AMA).
ARCA informa a Múgica de las 16 urbanizaciones sentenciadas a demolición, pero también de la anulación de los Planes Generales de Ordenación Urbana de Camargo, Arnuero, Argoños, Alfoz de Lloredo, Udías, San Vicente de la Barquera, Camaleño y Cillorigo de Liébana, así como otras herramientas de gestión urbanística. El objetivo de ARCA es demostrar que en el urbanismo de Cantabria la ilegalidad era la norma y no una excepción.
En cuanto al rechazo de ARCA a cualquier proceso legalizador, la asociación ecologista hace suya la intervención en Santander del Magistrado del Tribunal Supremo, Fernando Ledesma, en el sentido de que es vital hacer cumplir la legalidad en el urbanismo, ya que si las sentencias de derribo no se ejecutan se crearía un precedente peligrosísimo, porque nadie respetaría la ley de saber que no ocurre nada si se infringe.
Por último ARCA comprende que los propietarios de las viviendas con sentencia de demolición se resistan a ser víctimas del desastre urbanístico sufrido por Cantabria y merecen ser indemnizados con rapidez y en la cuantía necesaria. Por el contrario, cualquier maniobra política para incumplir las sentencias judiciales solo merece el desprecio y la condena de todos los cántabros.
CANTABRIA 31 de Agosto de 2005
EL DIARIO MONTAÑES
URBANISMO
El Defensor del Pueblo pedirá información sobre las sentencias de derribo en la costa cántabra
Enrique Múgica, que dirige un curso en la UIMP, recibió esta mañana a miembros de una asociación que representa a los cientos de afectados
El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, se comprometió hoy a pedir al Gobierno de Cantabria y a los ayuntamientos implicados información sobre las urbanizaciones de la costa de la comunidad que tienen pendiente una sentencia de derribo, según anunció hoy la asociación que representa a los afectados.
EFE / SANTANDER
Múgica no quiso hacer declaraciones tras la entrevista. / DM Más información de Cantabria (EDICIÓN IMPRESA) Enrique Múgica recibió esta mañana a una delegación de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) en el Palacio de la Magdalena, donde esta semana dirige un curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) sobre "Protección de derechos económicos, sociales y culturales".
Los portavoces de AMA explicaron al Defensor del Pueblo la situación que se ha generado en los últimos años en la franja litoral de Cantabria, donde medio millar de viviendas pertenecientes a una veintena de urbanizaciones han sido declaradas ilegales y han recibido una sentencia de derribo, en municipios como Arnuero, Piélagos, Argoños, Escalante o Miengo, entre otros. El presidente de la asociación que agrupa la mayor parte de los afectados por esas sentencias, Antonio Vilela, agradeció al término de la entrevista el gesto que ha tenido Múgica al recibirlos, así como "el afecto" que ha demostrado tener hacia las víctimas, dijo.
DOCUMENTACIÓN
Enrique Múgica rehusó hacer comentario alguno a los periodistas sobre el contenido de la reunión, pero el presidente de AMA anunció que la Oficina del Defensor del Pueblo va a pedir al Gobierno de Cantabria y a los ayuntamientos involucrados en esas sentencias que le envíen documentación sobre las urbanizaciones afectadas.
"Nosotros le hemos pedido el apoyo de la institución que representa, para que de alguna manera haya una recomendación, unos criterios con los que se pueda decir tanto a la Justicia como a la Administración dónde han estado los defectos y lo que se puede hacer para solucionar esto", explicó Antonio Vilela.
El presidente de AMA recalcó que los compradores de esas viviendas son "no tienen culpa alguna" en las infracciones urbanísticas detectadas por los tribunales, porque simplemente las adquirieron "de buena fe", e insistió en que la solución a su problema tiene que venir del Gobierno de Cantabria.
RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO
"Nosotros creemos que la responsabilidad y la solución están en el mismo sitio, están en el Gobierno de Cantabria, en el presidente, Miguel Angel Revilla, y en el consejero de Presidencia, José Vicente Mediavilla", defendió el portavoz de los afectados.
Antonio Vilela sostuvo que si el Gobierno de Cantabria tiene "voluntad política" de solucionar el problema y hay "apoyo de las instituciones" se puede buscar una salida, porque "todo el mundo está viendo la injusticia que se está cometiendo" con los propietarios de las viviendas, añadió.
CANTABRIA - 30-Agosto-2005
encuentro
Múgica se reunirá mañana con la Asociación de Maltratados por la Administración para tratar el problema de los derribos en Cantabria
El Defensor del Pueblo reconoce en Santander que la ley le impide entrar en materia sobre el objeto de atención por los tribunales
El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, mantendrá mañana un encuentro con la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), integrada por ciudadanos afectados por sentencias de derribo, para estudiar los problemas a los que se enfrenta este colectivo.
AGENCIAS EFE/SANTANDER
Enrique Múgica participa esta semana en un seminario en la UIMP./SE QUINTANA
Múgica calificó de "grave" el problema de estos ciudadanos, ya que existen 411 unidades pendientes de demolición, tras una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, entre chalés, garajes, naves industriales y aparcamientos, explicó. Aun así, recordó que la intervención del Defensor del Pueblo está delimitada por la ley, que "impide entrar en materia sobre el objeto de atención por los tribunales", dijo. "El poder judicial es independiente de todo, del Parlamento, del Gobierno y de otras instancias constitucionales y eso limita realmente nuestra actividad en los supuestos que han sido considerados por el Poder Judicial", insistió en conferencia de prensa con motivo del curso que sobre la protección de los derechos dirige esta semana en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Cantabria / Diario Montañes 23/08/2005
La AMA insta a Piélagos a que dé soluciones a los derribos de las urbanizaciones
R. ALONSO/SANTANDER Los miembros de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) - formada por los propietarios de las localidades de Argoños, Escalante, Arnuero y Liencres, cuyas urbanizaciones tienen sentencia de derribo de los tribunales- se han reunido recientemente en la sede del Gobierno de Cantabria con varios responsables de la Consejería de Presidencias y Ordenación del Territorio.
En esta segunda entrevista, en la que estuvieron presentes una delegación de los vecinos afectados, encabezada por el presidente, Antonio Vilela; la directora general de Urbanismo, Miriam García, y el asesor jurídico de Urbanismo, Emilio Misas, se acordó instar al Ayuntamiento de Piélagos, que preside Jesús Ángel Pacheco (PP), a que redacte un Plan General de Ordenación Urbana que dé soluciones a la demolición de los apartamentos de Liencres. Esfuerzo
Ante esta situación, desde la Asociación de Maltratados por la Administración piden al equipo de gobierno municipal de Piélagos y a la oposición que realicen un esfuerzo para buscar una solución acertada. Esta misma iniciativa también se ha llevado a cabo con el Ayuntamiento de Argoños tras la celebración de la primera reunión. Antonio Vilela aseguró que en el mes de septiembre volverá a convocarse una tercera reunión con el fin de buscar una solución en Escalante y Arnuero.
ABC – 19-08-2005
EDICIÓN IMPRESA – Nacional
La asociación «Maltratados por la Administración» se manifiesta por la legalización de sus casas
EP
SANTANDER. Más de un centenar de miembros de la «Asociación Maltratados por la Administración» (AMA) se manifestaron desde las once y media de ayer hasta aproximadamente las dos y media por las calles de Santander como medida de presión para que se legalicen las viviendas pendientes de sentencias firmes de derribo en Cantabria.
Paralelamente a la manifestación, el presidente de AMA, Antonio Vilela, se entrevistó con representantes políticos para recabar de las tres fuerzas parlamentarias -PRC, PSOE y PP- el apoyo a su causa y la creación de una oficina de atención «a las víctimas de las sentencias de derribo», Frente a la sede del Gobierno cántabro, se lanzaron pitadas y consignas como «Revilla, culpable, somos inocentes» y «Queremos nuestras casas».
Además, los congregados desplegaron pancartas con los lemas «144 familias víctimas de la mafia del ladrillo»y «Legalización es la solución», Vilela aseguró que «se tiene que conseguir que todas las viviendas sean legales y que las que no cumplen las normas urbanísticas» se «modifiquen» para que no se derriben. Para ello, mantuvo esta mañana conversaciones con el jefe de Gabinete de Presidencia, Guillermo Blanco; el secretario de Organización del PSC-PSOE, Pepe Guerrero, y el presidente del PP cántabro, Ignacio Diego, de los que obtuvo «una respuesta positiva».
Solución conjunta
No obstante, Vilela declaró que «Si hay una posibilidad de solucionarse» la «tragedia de 2. 000 personas» en Cantabria con sentencias pendientes de derribo de sus viviendas, «tiene que contar con el apoyo de todos los grupos parlamentarios de la región», y aboga por una solución conjunta.
Cantabria / REGIÓN Diario Montañés 22-07-05
AMA asegura que se realizarán cambios en el PGOU de Argoños
R. ALONSO/SANTANDER
La Asociación de Maltratados por la Administración, representada por su presidente, Antonio Vilela, y el secretario, Jokin Alfageme, se ha reunido recientemente en Santander con Miriam García García, directora de Urbanismo del Gobierno de Cantabria; José Ramón Lomba, técnico de este departamento, y Joaquín Fernández San Emeterio, alcalde de Argoños, para tratar la situación de las setencias de derribo de las urbanizaciones de Cantabria.
«En el encuentro se repasó el Plan General de Ordenación Urbana de Argoños y la situación de las distintas urbanizaciones en el municipio, y se acordó realizar modificaciones en el plan para cumplir con los requerimientos judiciales que pesan sobre las distintas urbanizaciones, y conseguir así un PGOU que de una respuesta satisfactoria a los vecinos de Argoños, al Gobierno de Cantabria y a las demás instituciones», señaló Vilela.
También se dio el visto bueno a la convocatoria de nuevas reuniones para analizar la situación de Liencres, que será en agosto, y para estudiar los casos de Arnuero y Escalante, en septiembre, así como un seguimiento de lo realizado tras esta primera reunión mantenida.
Desde AMA valoran positivamente estas reuniones donde las instituciones buscan soluciones reales, siempre esperando que las palabras se concreten en actuaciones.
El Correo 5-6-07El Gobierno cántabro propone modificar la ley para evitar el derribo de casas.
Pretende reducir el impacto ambiental de las urbanizaciones 1.200 afectados protestan ante la sede del Ejecutivo
JON FERNÁNDEZ/BARACALDO
AFECTADOS se concentraron en Santander. / D. M. Los afectados por las sentencias de derribo que pesan sobre varias urbanizaciones de Cantabria todavía albergan esperanzas. Tras concluir la marcha reivindicativa que este fin de semana han realizado hasta Santander, representantes de los 2.000 perjudicados se reunieron a mediodía de ayer con responsables del Gobierno de Cantabria para arrancarles un compromiso que ponga fin a su problema. En este sentido, el Ejecutivo regional apuesta por introducir modificaciones puntuales en el planeamiento de los municipios afectados -Argoños, Arnuero, Piélagos, Liencres, Miengo y Comillas- para evitar la demolición de viviendas.
El consejero de Urbanismo, José Vicente Mediavilla, del PRC, fue el encargado de explicar a los afectados -la mayoría de ellos vizcaínos- los planes del Gobierno cántabro. «Se trata de corregir las normas urbanísticas en cada localidad para ajustar los inmuebles al Plan de Ordenación del Litoral y reducir así el impacto sobre el medio ambiente», explicó Antonio Vilela, responsable de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA).
Comisión negociadora
Según la Administración, los nuevos planeamientos forzarían a los tribunales a dar marcha atrás y archivar las sentencias de derribo de los chalés, emitidas tras las denuncias presentadas por la agrupación ecologista ARCA. No obstante, las modificaciones urbanísticas obligarán a los ayuntamientos a trabajar contra el reloj para determinar las actuaciones que deberán ejecutar los vecinos en cada caso.
Para seguir de cerca el proceso, los afectados propusieron al Ejecutivo regional la constitución de una comisión negociadora en cada localidad, con representantes de los organismos implicados y los propios damnificados. Finalmente, Mediavilla accedió a formar dicha asamblea. La primera de ellas comenzará a funcionar la próxima semana en Argoños.
Pero tras una década de lucha infructuosa, los afectados se muestran escépticos. «Son muchos años de pelea, mentiras y promesas incumplidas. ¿Queremos una solución ya!», avisan tras llevar a cabo su última movilización, que reunió a unas 1.200 personas frente a la sede del Gobierno de Cantabria.
El Correo 4-7-05Las casas de Damocles
Vizcaínos afectados por los derribos de sus viviendas en varias urbanizaciones de Cantabria serán recibidos hoy por el consejero de Urbanismo de esta región
JULIA FERNÁNDEZ/ARNUERO
EN FILA. La marcha de los afectados llega a mediodía de hoy a la capital cántabra. / FOTOS: JORDI ALEMANY Revilla, «un viejo conocido»
Con la casa a cuestas y el corazón en un puño. Así llevan más de diez años Inés Esteban y Benito Masa. Esta pareja vizcaína se decidió a comprar una nueva vivienda en 1994 y El Encinar de Isla se cruzó en su camino. Se trataba de una urbanización de nueva construcción en la localidad cántabra de Arnuero, a unos 80 kilómetros de Bilbao. La oferta era buena: un precio aceptable, un entorno natural bueno y la playa cerca. Compraron. Lo que no sabían era que el lote incluía, también, un «calvario».
Este matrimonio es uno más de las 350 familias que ayer iniciaron una marcha desde Argoños a Santander para pedir que legalicen sus casas. Se trata de un conflicto enquistado. Hace unos años, la asociación ecologista ARCA denunció a varias urbanizaciones de chalés, entre ellas, El Encinar. El tribunal le dio la razón y ordenó el derribo de los inmuebles. Desde entonces, sus dueños aseguran vivir «con la espada de Damocles» sobre sus cabezas.
«Nos sentimos atrapados, somos como rehenes», explica Masa. Están entre la espada y la pared. Por un lado, el Gobierno de Cantabria, que facilitó los permisos para la construcción y la habitabilidad de las casas. Por el otro, la organización ecologista, que entiende que lo hizo sin tener en cuenta la ley que protege el entorno natural. «Y encima, ahora está el nuevo Plan de Ordenación de Litoral, que también lo hemos recurrido», subraya otro afectado, Emilio Bocanegra.
Cuentas en Puerto Chico
Pero nadie tira la toalla. Ayer se vistieron sus camisetas amarillas y, con sus pancartas en la mano, se echaron a la carretera. El destino es la sede del Ejecutivo cántabro, en Santander, donde llegarán hoy a mediodía. El objetivo es pedirle cuentas a la Administración, en su opinión, la encargada de arbitrar las medidas necesarias para resolver el problema. Pero no van a esperar de brazos cruzados: «También presentamos nuestras propuestas», afirman.
En Puerto Chico les recibirá el actual consejero de Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Vicente Mediavilla. Aunque su intención va más lejos. «Nos gustaría reunirnos con el presidente, Miguel Ángel Revilla, y la vicepresidenta, Dolores Gorostiaga», explica Antonio Vilela, responsable de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que aglutina a todos los afectados y ha convocado la marcha.
La excursión supone, además, una demostración de fuerza. A la comitiva inicial, que partió de Argoños ayer a las nueve de la mañana, se le unió el numeroso grupo de afectados de El Encinar de Isla. Hoy, lo harán los de Piélagos, Liencres, Miengo y Comillas.
< Sueños rotos
Merce Díaz se enamoró hace casi veinte años de Arnuero. «Mi marido y yo vinimos de camping con los niños y nos encantó». A principios de los noventa tuvo la oportunidad de hacerse con un chalé en la zona y no se lo pensó dos veces. «Lo compramos con todos los permisos y la cédula de habitabilidad concedida por el Gobierno cántabro», explica. «Ya lo teníamos todo organizado, cuando nos enteramos de lo que estaba pasando».
Después de doce años, sigue luchando como si fuera el primer día, a pesar de que las ilusión se han evaporado. «Era mi sueño, y ahora está hecho añicos», se lamenta. Además, el conflicto hace mella en su salud. «Anoche no dormí y, aunque ahora me lo tomo con más tranquilidad, nunca sé cuando van a llamarme para decirme que tiran la casa». Según un estudio de la universidad de Deusto, sólo por daños morales, las víctimas de lo que ellas llaman «mafia del ladrillo» deberían percibir unos siete millones de euros.
La bilbaína Mari Luz no puede evitar el llanto al hablar del tema. «Siempre estamos en tensión», dice. Hace cinco años se compró junto a su marido una casa en Argoños «para pasar las vacaciones y los fines de semana». Tras las amenazas judiciales, asegura que, como muchos de sus compañeros de marcha, sigue yendo, pero no puede disfrutar como antes. «No entiendo nada... ¿Yo no he robado nada a nadie!», clama.
Diario Montañes
Cantabria / REGIÓN 4-7-05
PROTESTA
Cientos de afectados por los derribos exigen en Puertochico una solución
Los propietarios se concentraron en Santander tras una marcha a pie que comenzó en Argoños, Arnuero, Liencres y Escalante
GONZALO SELLERS/SANTANDER META.
Niños, jóvenes, adultos y ancianos llegaron a Santander tras dos días de marcha. / SANE
Una marea de chalecos reflectantes desembarcó ayer de las 'pedreñeras' de Somo, inundó las calles de Santander y desembocó frente a la sede del Gobierno de Cantabria. Tras una marcha a pie desde Argoños, Arnuero, Escalante y Liencres, cerca de un millar, según la organización, de propietarios afectados por las sentencias de derribo de 17 urbanizaciones tomaron Puertochico para exigir la legalización de sus viviendas.
> Al frente de la protesta se situaron los dirigentes de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), un colectivo creado por los perjudicados, que en su mayor parte son vecinos de Vizcaya.Esta protesta supone un nuevo capítulo de un problema gestado hace diez años, cuando la plataforma ecologista ARCA denunció la localización de una serie de urbanizaciones por entender que se habían construido en terrenos protegidos.
El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) dio la razón a los denunciantes y ordenó el derribo de los inmuebles. Una decisión que convirtió a los propietarios en «víctimas colaterales», según el presidente de AMA, Antonio Vilela. «Nosotros compramos casas legales.
Si el Gobierno y los ayuntamientos obraron mal, que lo paguen ellos, no nosotros», protestó.Este es el caso, por ejemplo, de Ángela Lanzagorta, una bilbaína que fijó su segunda residencia en Argoños hace seis años. «Llevo mucho tiempo viviendo con inseguridad e inquietud. Cuando compré la casa cumplí todos los trámites legales, y tanto desde el Ayuntamiento como del Gobierno me aseguraron que todo estaba en regla», recordó.«Rehenes políticos»
Emilio Bocanegra compró hace diez años un chalé en Arnuero como segunda vivienda para él, su mujer y sus dos hijos. «Entonces no podía imaginar en lo que me estaba metiendo. Nos hemos convertido en rehenes políticos», denunció.Durante las dos horas que duró la concentración, que ocasionó atascos y obligó a desviar el tráfico en la zona, los participantes increparon al Ejecutivo por «violar los derechos de los ciudadanos». Asimismo, Vilela recordó un debate parlamentario que tuvo lugar en 2001, en el que los partidos aprobaron la creación de una oficina de atención a los afectados. «Nada de esto se ha hecho. ¿A qué esperan?», se preguntó el presidente de AMA, quien volvió la vista hacia Barcelona, hacia el barrio de El Carmel, «donde el problema urbanístico ya se ha solucionado».
EncuentrosLos dirigentes de AMA tenían previsto reunirse con el consejero de Presidencia, Vicente Mediavilla, y con el director de gabinete de la vicepresidenta, Dolores Gorostiaga, así como con el jefe del Ejecutivo, Miguel Ángel Revilla.
La ausencia de los dos últimos provocó la indignación entre los manifestantes, que apelaron a los silbatos y a los gritos como forma de protesta. Tras el encuentro con Mediavilla, el grueso de la manifestación se trasladó a la plaza del Ayuntamiento de Santander, donde Vilela informó a los asistentes de los puntos tratados en la reunión.
Cantabria / REGIÓN 3-7-05
Otras NoticiasComenzó la marcha de los afectados por las sentencias de demoliciónParticipan cerca de 400 personas de Argoños, Escalante y Arnuero Hoy llegan a Santander y se unen con los vecinos de la zona occidental
ROBERTO ALONSO/AJO PARTICIPANTES. Los caminantes durante la subida del alto de Ajo. / R. A.
Con el lema 'La solución es la legalización', 400 vecinos de Argoños, Arnuero y Escalante, cuyas viviendas cuentan con unas sentencias de derribo por parte de los tribunales, iniciaron ayer, domingo, una marcha a pie hasta la sede del Gobierno de Cantabria, en Santander.
Globos, coches apoyando la marcha para atender algún posible percance, pancartas con el símbolo de 'inocentes' y megafonía y para reivindicar la legalización de las viviendas, ambientaron los 28 kilómetros de recorrido.
El objetivo es reivindicar que el Ejecutivo regional solvente la situación que vienen viviendo con la futura demolición de sus casas, «pero que no pase por el derribo, ya que hay herramientas para lograrlo», indició el portavoz de la Asociación de Maltratados por la Administración, Antonio Vilela.
Unión
La iniciativa ha partido de este colectivo, que engloba a diecisiete urbanizaciones de Cantabria pendientes de que se derriben, y hoy, lunes, los participantes de esta marcha a pie se unirán en el Paseo de Pereda, a las 12 del mediodía, con los afectados de la zona occidental.
De hecho, alrededor de cien vecinos iniciarán una marcha a pie, a las 10 de la mañana, desde la plaza de Liencres.Los 400 vecinos durmieron ayer en el polideportivo de Latas, en Somo, y llegarán hoy, lunes, al Paseo de Pereda con la barca de Pedreña. Será el momento de ir todos juntos a la sede del Gobierno de Cantabria, donde calculan que con los familiares, amigos y personas mayores también involucradas en esta situación lleguen a concentrarse cerca de 1.000 personas, señaló Vilela.
Una representación de los afectados se entrevistarán con el consejero de Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Vicente Mediavilla (PRC), aunque también desean que les reciba el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y la vicepresidenta, Dolores Gorostiaga (PSOE).
Cantabria / REGIÓN 3-7-05
ANTONIO VILELA FERNÁNDEZ
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE MALTRATADOS POR LA ADMINISTRACIÓN
«Reivindicamos la legalización de todas las viviendas»
El grupo está formado por los vecinos que sufren sentencias de demolición Hoy se inicia una marcha a pie hasta Santander que finalizará mañana
ROBERTO ALONSO/ARGOÑOS
La solidaridad entre los afectados por las sentencias de derribo de varias urbanización existentes en Cantabria, sus ganas por luchar por la legalización de sus viviendas y su interés por expresar públicamente la situación que están padeciendo, les ha llevado a crear la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA).
El colectivo engloba a 913 socios de diecisiete urbanizaciones y su presidente es José Vilela Fernández, un gallego de 46 años, afincado desde los 4 en Santurce, residente habitual en la urbanización Pueblo del Mar 1, en Argoños, y que veranea en Cantabria desde el año 2000.
-¿Quién forma AMA?-
Hay 913 socios de diecisiete urbanizaciones, diez en Argoños, con 156 viviendas con sentencia firme de derribo y 100 en proceso; una en Arnuero, con 144 apartamentos; una en Escalante, con 34 pisos y bajos comerciales, donde incluso hay un bar; cuatro en Liencres, con 88 viviendas, y una en Miengo, con otros 30.
-¿Cuáles son sus objetivos?
-Buscar una solución legal a las viviendas, que no pase por el derribo, sin buscar enfrentamientos, y eliminar así la angustia que vivimos desde hace varios años.
-¿En qué consiste la movilización de hoy?
-La primera movilización fue una concentración conjunta en Liencres en junio, pero lo de hoy es un salto cualitativo. Es muy importante la marcha a pie hasta Santander por la gran participación que tendrá y la repercusión social. Superará las 300 personas caminando y mañana, lunes, tras hacer noche en el polideportivo de Latas, en Somo, casi 1.000 nos concentraremos frente al Gobierno de Cantabria.
-¿Y una vez allí?
-A las 13 horas nos recibirá el consejero de Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Vicente Mediavilla (PRC), pero también queremos entrevistarnos con el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), y la vicepresidenta, Dolores Gorostiaga (PSOE).
-¿Qué se persigue?
-Reivindicamos la legalización de todas las viviendas. Existen precedentes en otras Comunidades donde situaciones similares se han solventado sin esperar tanto saños. El Gobierno de Cantabria debe dar instrumentos a la justicia para solventarlo. No es un problema jurídico, es político. Los culpables son las Administraciones locales y autonómica, y el Ejecutivo regional tiene la última decisión.
-¿Qué pensáis cuando se empieza a hablar de indemnizaciones?
-No nos gusta. Tenemos nuestras viviendas con todos los permisos y sólo queremos vivir en nuestras casas. No entramos a valorar las indemnizaciones y nuestro lema es 'La solución es la legalización', que en muchos casos en fácil y no se ha realizado por la desidia del Gobierno de Cantabria que ha mirado hacia otra parte.
-¿Y cuándo se empiezan a barajar los precios de vuestras viviendas?
-Es un problema social grave y la gente está padeciendo depresiones y estrés. Sí verdaderamente se pagará lo que cuestan hoy en día, se generará un problema económico en la Administración. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Argoños estaría sin presupuesto durante 20 años.
-¿Y las consecuencias para Cantabria?
-El colapso de muchas instituciones y por este motivo el Gobierno de Cantabria, con sus técnicos, debe solventarlo. Deben fijarse en Cataluña con la situación de 'El Carmel', donde se ha dado una solución rápida y justa a los afectados.-
¿Pagarán por esta situación los culpables?
-No. Todo se ha hecho bastante mal y prescribirán los delitos. No se ha creado ninguna comisión de investigación y ni un solo responsable del Gobierno de Cantabria ha sido, por ahora, condenado. Las medidas penales se deben tomar antes para que paguen los culpables y no los vecinos inocentes.
-¿Qué imagen se está creando de Cantabria fuera de la Comunidad?
-Nos preocupa. Queremos hacer una Cantabria más justa. Nos da vergüenza ver la situación de Cantabria cuando se han resuelto hechos parecidos en otras Comunidades, Por ello, Revilla debe buscar soluciones y acercarse a los afectados. Hace falta voluntad política para solucionar este problema y la mayor laguna del presidente cántabro en su gestión ha sido la situación que está haciendo pasar a estos vecinos. Esperamos que pueda cambiar y ponga a trabajar al gobierno.
-¿Qué imagen tienes de Cantabria?
-Me siento como un cántabro más y quiero residir aquí. Lamento que en una tierra como Cantabria no se haya sabido solventar este problema vecinal.
-¿Y qué opina sobre el grupo ecologista ARCA?
-La actitud de los responsables de ARCA con las víctimas ha sido triste y pagarán un gran peaje social por ello.
Cantabria / REGIÓN
Los afectados por los derribos preparan una marcha de protesta La Asociación de Maltratados por la Administración se concentrará frente a la sede del Gobierno el 4 de julio
GONZALO SELLERS/LIENCRES
QUEJAS. Se espera la participación de 1.000 personas. / SELLERS
La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), un colectivo que reúne a los afectados por las sentencias de derribo en Cantabria, ha organizado una marcha a pie a Santander que culminará en una concentración, el próximo 4 de julio, frente a la sede del Gobierno en Puertochico.
La marcha comenzará desde dos puntos distintos. Los afectados de Escalante, Argoños y Arnuero se pondrán en camino el 3 de julio por la mañana, para llegar a Somo a las 17:30 horas, donde pasarán la noche. Al día siguiente cruzarán en lanchas hasta Santander.
< Por su lado, los vecinos de Liencres saldrán hacia la capital el día 4. La organización ha previsto que los dos grupos confluyan en Puertochico, donde dará inicio la concentración. La asociación, que congrega a 17 urbanizaciones con más de 500 viviendas, espera que cerca de 1.000 personas se unan a la marcha.
El presidente de AMA, Antonio Vilela, explicó ayer que uno de los objetivos de la concentración es reunirse con el Gobierno. Para ello, han solicitado sendas entrevistas con el consejero de Presidencia, José Vicente Mediavilla, con la vicepresidenta regional, Dolores Gorostiaga, y con el presidente del Ejecutivo, Miguel Ángel Revilla.
Vilela tuvo palabras para las tres instituciones involucradas en las sentencias de derribo. Respecto a ARCA, asociación ecologistaque denunció las construcciones por encontrarse en espacio protegido, dijo que «éticamente no ha actuado bien. Sus dirigentes nunca han querido saber nada de las víctimas y tienen mala conciencia».
Asimismo, el presidente de la plataforma instó al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) a «dictar sentencias que sean acordes con la realidad social que no obliguen a pagar a víctimas inocentes».
Por último, hizo referencia al Gobierno de Cantabria, al que culpó de todas las «injusticias». «Su responsabilidad es buscar soluciones y no lo está haciendo. Las sentencias condenan a la Administración y somos los vecinos los que pagamos las condenas», lamentó Vilela.
Cantabria / REGIÓN
Los afectados por los derribos preparan una marcha de protesta La Asociación de Maltratados por la Administración se concentrará frente a la sede del Gobierno el 4 de julio
GONZALO SELLERS/LIENCRES
QUEJAS. Se espera la participación de 1.000 personas. / SELLERS
La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), un colectivo que reúne a los afectados por las sentencias de derribo en Cantabria, ha organizado una marcha a pie a Santander que culminará en una concentración, el próximo 4 de julio, frente a la sede del Gobierno en Puertochico.
La marcha comenzará desde dos puntos distintos. Los afectados de Escalante, Argoños y Arnuero se pondrán en camino el 3 de julio por la mañana, para llegar a Somo a las 17:30 horas, donde pasarán la noche. Al día siguiente cruzarán en lanchas hasta Santander.
< Por su lado, los vecinos de Liencres saldrán hacia la capital el día 4. La organización ha previsto que los dos grupos confluyan en Puertochico, donde dará inicio la concentración. La asociación, que congrega a 17 urbanizaciones con más de 500 viviendas, espera que cerca de 1.000 personas se unan a la marcha.
El presidente de AMA, Antonio Vilela, explicó ayer que uno de los objetivos de la concentración es reunirse con el Gobierno. Para ello, han solicitado sendas entrevistas con el consejero de Presidencia, José Vicente Mediavilla, con la vicepresidenta regional, Dolores Gorostiaga, y con el presidente del Ejecutivo, Miguel Ángel Revilla.
Vilela tuvo palabras para las tres instituciones involucradas en las sentencias de derribo. Respecto a ARCA, asociación ecologistaque denunció las construcciones por encontrarse en espacio protegido, dijo que «éticamente no ha actuado bien. Sus dirigentes nunca han querido saber nada de las víctimas y tienen mala conciencia».
Asimismo, el presidente de la plataforma instó al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) a «dictar sentencias que sean acordes con la realidad social que no obliguen a pagar a víctimas inocentes».
Por último, hizo referencia al Gobierno de Cantabria, al que culpó de todas las «injusticias». «Su responsabilidad es buscar soluciones y no lo está haciendo. Las sentencias condenan a la Administración y somos los vecinos los que pagamos las condenas», lamentó Vilela.
Diario Montañes 12-5-05
Cartas al Director
¿Cuál ha sido mi delito?
José Luis Tranche García/
Carta abierta al señor Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria:
-En 1997 compramos una casita en el término municipal de Argoños, en la Urbanización Pueblo de Mar I, la cual escrituramos en enero de 2000.
-En la mencionada casita pusimos todas nuestras ilusiones y los ahorros de varios años, tanto pasados como futuros, y cuál fue nuestra sorpresa cuando aproximadamente al mes de haber escriturado tuvimos conocimiento de que había una sentencia en la que estaba implicada nuestra vivienda por ciertas irregularidades administrativas, proceso judicial del cual nosotros no tuvimos conocimiento hasta esas fechas.
-Ante una situación tal 'singular' de la que nadie nos había informado (ni constructor ni Ayuntamiento) y que nadie había evitado (consejerías implicadas en temas de vivienda), tratamos de personarnos en el proceso para defender nuestra propiedad y se nos negó esa posibilidad.
-A fecha de hoy, la situación es que hay una sentencia firme de derribo en la que se explicita «... condenar a la demolición de lo indebidamente edificado, como consecuencia directa de la declaración de nulidad de la licencia de obras».
-Por todo esto parece claro que van a tirar nuestra casa, para lo cual el Ayuntamiento de Argoños está haciendo una provisión de fondos.
Considerando que la justicia condena a los culpables en relación y proporción con el delito que han cometido, deseo plantearle una única pregunta:
¿Cuál ha sido el delito que mi esposa, mi hija y/o yo hemos cometido?
El Correo 12-05-05
La Fiscalía investiga si políticos favorecieron construcciones que serán demolidas en Cantabria.
Ve indicios de un presunto delito de prevaricación al recalificar suelo para edificar 144 apartamentos en Arnuero
JOSU GARCÍA/BARAKALDO
El anhelo de las más de cuatrocientas familias, en su inmensa mayoría vizcaínas, cuyas viviendas están sentenciadas a derribo en Cantabria de que «se haga Justicia con los responsables» de la situación que atraviesan está hoy un paso más cerca. Y es que la Fiscalía de la comunidad vecina ha abierto diligencias para esclarecer si, a comienzos de los años 90, alguno de los miembros de la Comisión Regional de Urbanismo (CRU), órgano dependiente del Ejecutivo autonómico, pudo incurrir en un delito de prevaricación al dar el visto bueno a las normas que permitieron la construcción de una urbanización que resultó después condenada a la piqueta, según informaron a este diario fuentes cercanas a la investigación.
Las pesquisas del ministerio público se han puesto en marcha después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) encontrase, el pasado mes de marzo, indicios de delito en la actuación de los miembros de la citada comisión. Los magistrados de la Sala creen que los integrantes de la CRU pudieron delinquir «al tomar la decisión ilegal y arbitraria de clasificar como suelo urbano unos terrenos que carecían por completo de este carácter, contrariando los informes técnicos existentes».
En concreto, la sentencia del TSJC hace referencia al proceso administrativo que se siguió para la edificación de los 144 apartamentos de El Encinar de Isla (Arnuero). El presunto delito, no obstante, podría haber prescrito al haberse cometido antes de 1993, según declaró a este diario un experto jurista.
«Que paguen por ello»
Los vecinos de la urbanización se reunieron el pasado lunes con la fiscal-jefe de Cantabria, Pilar Martín-Nájera, a la que trasladaron diversa documentación sobre el caso. «Somos víctimas de la Administración. Queremos que las personas que nos han llevado a esta situación paguen por ello», explicaron los afectados, que hacen un llamamiento público para que «cualquier persona, funcionario o autoridad que pueda aportar pruebas lo haga».
El pasado 11 de marzo, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia obligó a las administraciones que habían concedido las licencias de obras a indemnizar a propietarios de los 144 apartamentos de El Encinar de Isla, por los daños morales causados en los últimos doce años. En la resolución, se condena al Gobierno de Cantabria y al Ayuntamiento de Arnuero a pagar compensaciones de 12.000 y 9.000 euros. Los afectados las calificaron de «cicateras» y anunciaron su intención de recurrir al Supremo.
El Correo 8-5-05
Los afectados por derribos en Cantabria inician una campaña de protestas para exigir soluciones
150 personas, la mayoría vizcaínas, se concentraron ayer en Liencres en la primera manifestación de la temporada
JOSU GARCÍA/LIENCRES
"¿Gritemos para desahogarnos!"
"Diálogo" y "solución". Las personas afectadas por sentencias de derribo contra sus viviendas en la comunidad vecina -en su inmensa mayoría vizcaínas- iniciaron ayer en Liencres una nueva ola de protestas. Su objetivo es lograr la legalización de las 17 urbanizaciones condenadas a la piqueta por irregularidades urbanísticas cometidas por las instituciones públicas regionales y denunciadas por el grupo ecologista ARCA. Esta nueva campaña de movilizaciones alcanzará su punto culminante el próximo julio con la celebración de una marcha a pie, de varios días de duración, a Santander.
Por primera vez en las últimas dos décadas de calvario que padecen estas familias, una concentración de protesta reunió, tras una misma pancarta, a representantes de casi todas las urbanizaciones condenadas. El espíritu de unidad entre los damnificados comienza a fraguar a pasos agigantados. "Ahora somos conscientes de que todos vamos en el mismo barco, pese a que cada barriada tiene sus particularidades", apuntaron los manifestantes.
Importante respuesta
La respuesta a la llamada de AMA fue muy importante. Alrededor de centenar y medio de personas tomaron la plaza central de la localidad cántabra, que dista sólo cinco kilómetros de la capital. Bien surtidos de pancartas, banderines y carteles reivindicativos, los manifestantes se concentraron al filo de las 13.00 horas.
El fundador de la asociación, Antonio Vilela, tomó la palabra y exigió "soluciones" y "diálogo" al presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla. "Somos víctimas del Gobierno regional y de los ayuntamientos", enfatizó. "Y lo único que les pedimos es que busquen una salida a una situación que ellos mismos han creado y que está causando graves problemas a más de un millar de personas totalmente inocentes".
Asimismo, Vilela afirmó que "los que han provocado esta chapuza, no pueden mirar ahora hacia otro lado". A su juicio, deben "hablar con las víctimas, que es de justicia, y no perder más el tiempo", apuntó. "Que se pongan a trabajar porque se pueden encontrar soluciones", urgió.
"¿Gritemos para desahogarnos!"
J. G./LIENCRES
La concentración de ayer se desarrolló de forma totalmente pacífica. Vigilados de cerca por varias unidades policiales, el centenar y medio de manifestantes se mantuvo incluso en silencio hasta que, mediada la protesta, una mujer se acercó a los organizadores y les realizó un ruego: "Podemos, por favor, gritar, aunque sólo sea para desahogarnos un poquito". Como no podía ser de otra manera, la respuesta fue afirmativa.
"Revilla, culpable", "Queremos Justicia" o "ARCA, culpabilizáis al inocente" fueron algunas de las consignas que se corearon con fuerza. La tensión acumulada en los últimos meses se vio reflejada en el volumen de las proclamas. "Necesitábamos soltar adrenalina. Esto es tan injusto que nos sentimos absolutamente impotentes y encorajinados", se disculpaba una de las manifestantes.
Entre los asistentes también estuvieron presentes dos delegados de la urbanización El Encinar de Isla, de Arnuero. Los dos representantes hicieron entrega de un muñeco de inocente al alcalde pedáneo de Liencres, Javier Toraya, del PRC. El primer edil, que mantiene un abierto enfrentamiento con el presidente cántabro y con su propio partido, mostró su solidaridad con los afectados e instó a abrir una senda de "diálogo" que ayude a resolver el conflicto.
Piélagos
Los afectados por los derribos claman soluciones al Gobierno.
GONZALO SELLERS/LIENCRES
"Pacheco: legaliza o vas a ir a la cárcel", "Pacheco presenta el plan" y "Gobierno, queremos soluciones ya". Éstas fueron algunas de las pancartas que ayer sostuvieron los cerca de 200 afectados por las sentencias de derribo, agrupados en la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que se concentraron en Liencres al grito unísono de "justicia".
En total son 84 las viviendas en Piélagos con sentencias firmes de derribo tras las denuncias interpuestas por ARCA debido al supuesto impacto medioambiental que generan estas construcciones. Alrededor de 320 vecinos que "llevan años con la soga al cuello por la chapuza de algún responsable", dijo el presidente de AMA, Antonio Vilela. "El Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Piélagos no han hecho sus deberes, tienen que darnos soluciones ya porque lo estamos pasando muy mal", confesó.
Prevaricación
Una de las posibles soluciones pasa por el inminente Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) que el alcalde de Piélagos, Jesús Ángel Pacheco, tiene previsto presentar este mismo mes.
"Esperemos que ese plan contemple soluciones a nuestro problema. La verdad es que es una oportunidad única, ya que ahora nos regimos con un plan precario", denunció Vilela.
El Presidente de la Comunidad Entrelindes de Liencres, Jaime Iglesias, fue más allá y aseguró que "existen indicios de prevaricación por parte de Pacheco en 16 licencias de urbanización y lo vamos a denunciar". "No podíamos esperar otra cosa de un alcalde demagogo y mentiroso", espetó.
Durante el transcurso de la concentración, los organizadores entregaron al alcalde pedáneo de Liencres, Javier Toraya, un 'monigote de inocentes' como símbolo "de lo que somos, víctimas de la Administración".
Toraya, por su parte, pidió "arrimar el hombro" para llegar a una solución y exigió al Ejecutivo cántabro que "busque un culpable y nos deje vivir en paz". Aunque también acusó a las asociaciones ecologistas de un "ensañamiento" con los vecinos.
Vilela aseguró que todos los estamentos con los que se habían reunido les daban la razón "pero nadie hace nada".
Piélagos
La Asociación de Maltratados por la Administración se concentrará hoy en Liencres
G. S./LIENCRES
Soluciones a los derribos. Esta será la principal reivindicación que hará hoy la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) en la concentración prevista para las 13 horas en la plaza mayor de Liencres. Los organizadores prevén que asistan a la convocatoria un mínimo de 200 afectados de toda Cantabria, mientras que la asamblea de la asociación se reunirá una hora antes.
"Liencres, junto con Argoños, es la zona que acumula más sentencias de derribo. Se ha convertido en el lugar más castigado por los despropósitos de los políticos de Cantabria", denunció esta asociación.
La Asociación de Maltratados por la Administración critica a Revilla
ROBERTO ALONSO/ARGOÑOS
La Asociación de Maltratados por la Administración, presidida por Antonio Vilela, que engloba a más de trescientos afectados por sentencias de derribo de varias urbanizaciones de Cantabria y otras Comunidades, reclaman de nuevo una entrevista con el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), y con los responsables de la asociación ecologista ARCA.
"Llevamos intentando desde hace tiempo hablar tanto con Revilla como con ARCA y la verdad es que empieza ha ser sospechoso que tanto quien denuncia, ARCA, como quienes son culpables de esta situación no quieran atender a las victimas consecuencia de sus actos", declara Antonio Vilela, quien incide en que el presidente de Cantabria les ha remitido al Consejero de Presidencia y Ordenación del Territorio, José Vicente Mediavilla (PRC).
Desde este colectivo piden al Gobierno de Cantabria que no cierre los ojos a la realidad y que solucione la situación de las victimas ya que el retrasar las decisiones sólo esta sirviendo para agrandar estos problemas y aumentar el sufrimiento de los afectados y Maltratados por la Administración. Por este motivo, solicitan al presidente de Cantabria que sea sensible, "ya que tiene la obligación de solucionar problemas no de ocasionarlos a sus ciudadanos y por lo tanto su responsabilidad es resolverlos".
Proyectos
AMA tiene previsto hablar con el Defensor del Pueblo para informarle sobre la situación que están padeciendo "y pedirle que los poderes públicos garanticen los derechos de los ciudadanos. Asimismo, tenemos intención de contactar con la Fiscalía para solicitar que se investigue a los culpables de esta situación. También se prepara una marcha a Santander, hablando con los pueblos y urbanizaciones por donde pasará".
"(...) el responsable de Montes, Máximo Sainz, rechazó las
críticas
realizadas hace un par de semanas por la asociación
ecologista ARCA, y
subrayó que los "sempiternos representantes"
de dicho colectivo "no
están" capacitados" para dar
"lecciones" a la Consejería en materia de
"Si bien es cierto que somos conscientes de
nuestras limitaciones,
no
vamos a admitir lecciones de nadie, y mucho menos de
dos iluminados
que no están capacitados ni moral ni intelectualmente
para darnos
lecciones", aseveró Máximo Sainz.
En la misma línea, el consejero, tras repasar la
incidencia de
incendios y las actuaciones desarrolladas desde su
departamento para
prevenirlos, consideró que los datos
"chocan" con las
afirmaciones de
la asociación, cuya motivación podría ser, a juicio de
Oria, de
carácter "político". (...)"
N. FALAGÁN/CASTRO URDIALES
«La moción de censura ni esconde intereses urbanísticos de los ediles
que hemos presentado la reprobación al alcalde, Fernando Muguruza (PRC),
ni está orquestada por el presidente de Cantabria ni por la
En opinión de Olano, la moción se debe a que «la persona responsable,
que es el alcalde, no informó en rueda de prensa sobre la moción de
confianza ni sobre su dimisión a pesar de que no está capacitado para
dirigir los plenos ni la vida municipal».
Olano justificó la presentación de la moción de censura en «la presión
de los ciudadanos de Castro, colectivos y asociaciones deportivas cuyas
expectativas podíamos traicionar de no presentarla».
Así, el edil
explicó que los ex socialistas «nos vimos obligados a hacer los deberes
que el tripartito (PP, PRC e IU) no quería hacer y ahora tenemos que
pagarlo muy caro porque a día de hoy estamos suspendidos de militancia
del PSOE».
A su juicio, la moción «es un acto de responsabilidad». Olano añadió que
en este documento se incluirían también otras actuaciones urbanísticas
que han tenido lugar en Castro Urdiales y que han sido denunciadas por
el grupo municipal socialista, en referencia a dos actuaciones que se
están desarrollando en la calle Leonardo Rucabado, frente a los antiguos
juzgados en El Chorrillo, y junto al colegio público Arturo Dúo. Según
recordó Olano en ambos casos «se incumple el Plan de Ordenación Urbana y
ha sido denunciado en los juzgados».
Olano pidió a Rafael de la Sierra que estudie el documento que le
enviará y que «sea prudente en sus declaraciones, máxime cuando la
Fiscalía esta investigando la relación de un edil castreño del PRC
(Jaime Díez Muro) con seis constructoras
ARCA pide que la Fiscalía investigue las irregularidades urbanísticas
Creen que debe nombrarse una fiscal especial de Medio Ambiente
EFE/SANTANDER
ARCA elogió ayer la disposición que le ha expresado la fiscal jefe de Cantabria, Pilar Martín-Nájera, a estudiar sus denuncias medioambientales y a impulsar aquellas en las que observe posibles delitos, por lo que ha decidido darle «un voto de confianza», aunque discrepe de su actuación hasta la fecha.
Pilar Martín-Nájera recibió ayer al presidente y al vicepresidente de ARCA, Gonzalo Canales y José Ángel Herrera, quienes querían transmitirle su desacuerdo con la posición que ha mantenido hasta ahora la Fiscalía de Cantabria en materia de medio ambiente y demandarle que investigue si existen responsabilidades penales en las irregularidades urbanísticas denunciadas por su asociación.
Los ecologistas se refirieron a casos concretos como las recalificaciones que permitieron construir las urbanizaciones de las playas de La Arena (Arnuero) y Cerrias (Piélagos) -sobre las que pesan sentencias de demolición, los vertidos de la depuradora de Renedo al río Pas o las modificaciones urbanísticas y legales hechas para permitir la construcción en el Parque Natural de Oyambre.
La asociación expresó además a Martín-Nájera su interés por que se acelere la creación de una fiscalía especial sobre medio ambiente en Cantabria y se potencie la actividad del fiscal en el campo contencioso administrativo.
La Asociación de Maltratados por la Administración critica a Revilla
ROBERTO ALONSO/ARGOÑOS
La Asociación de Maltratados por la Administración, presidida por Antonio Vilela, que engloba a más de trescientos afectados por sentencias de derribo de varias urbanizaciones de Cantabria y otras Comunidades, reclaman de nuevo una entrevista con el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), y con los responsables de la asociación ecologista ARCA.
"Llevamos intentando desde hace tiempo hablar tanto con Revilla como con ARCA y la verdad es que empieza ha ser sospechoso que tanto quien denuncia, ARCA, como quienes son culpables de esta situación no quieran atender a las victimas consecuencia de sus actos", declara Antonio Vilela, quien incide en que el presidente de Cantabria les ha remitido al Consejero de Presidencia y Ordenación del Territorio, José Vicente Mediavilla (PRC).
Desde este colectivo piden al Gobierno de Cantabria que no cierre los ojos a la realidad y que solucione la situación de las victimas ya que el retrasar las decisiones sólo esta sirviendo para agrandar estos problemas y aumentar el sufrimiento de los afectados y Maltratados por la Administración. Por este motivo, solicitan al presidente de Cantabria que sea sensible, "ya que tiene la obligación de solucionar problemas no de ocasionarlos a sus ciudadanos y por lo tanto su responsabilidad es resolverlos".
Proyectos
AMA tiene previsto hablar con el Defensor del Pueblo para informarle sobre la situación que están padeciendo "y pedirle que los poderes públicos garanticen los derechos de los ciudadanos. Asimismo, tenemos intención de contactar con la Fiscalía para solicitar que se investigue a los culpables de esta situación. También se prepara una marcha a Santander, hablando con los pueblos y urbanizaciones por donde pasará".
"(...) el responsable de Montes, Máximo Sainz, rechazó las
críticas
realizadas hace un par de semanas por la asociación
ecologista ARCA, y
subrayó que los "sempiternos representantes"
de dicho colectivo "no
están" capacitados" para dar
"lecciones" a la Consejería en materia de
"Si bien es cierto que somos conscientes de
nuestras limitaciones,
no
vamos a admitir lecciones de nadie, y mucho menos de
dos iluminados
que no están capacitados ni moral ni intelectualmente
para darnos
lecciones", aseveró Máximo Sainz.
En la misma línea, el consejero, tras repasar la
incidencia de
incendios y las actuaciones desarrolladas desde su
departamento para
prevenirlos, consideró que los datos
"chocan" con las
afirmaciones de
la asociación, cuya motivación podría ser, a juicio de
Oria, de
carácter "político". (...)"
LA PROTESTA reunió a propietarios de casi todas las urbanizaciones afectadas. / MAITE BARTOLOMÉ
Diario Montañes 8-5-05
SOLUCIONES. Los vecinos increparon al Gobierno. / A. FERNÁNDEZ
Diario Montañes 7-5-05
Cantabria 23-4-2005
MEDIO AMBIENTE PEGA UNA CORNADA A ARCA
20 – 04- 05
Extracto de unas declaraciones en una rueda de
prensa
DIARIO MONTAÑES
19-04-05
Otras Noticias
Acusan a Mediavilla de complicidad en irregularidades
urbanísticas
El ex socialista Pedro Olano afirma que presentar la moción de censura
ha sido «un acto de responsabilidad»
Acusan a Mediavilla de
complicidad en irregularidades urbanísticas
EDIL. Pedro Olano, durante la rueda de prensa de ayer. / N. F.
vicepresidenta», afirmó ayer con rotundidad el hasta hace unos días
concejal socialista en el Ayuntamiento de Castro Urdiales, Pedro Olano.
El concejal castreño anunció ayer en rueda de prensa que se encargará
personalmente de remitir un escrito a Rafael de la Sierra, portavoz del
grupo parlamentario regionalista, y a Ignacio Diego, presidente del PP
en Cantabria, para ponerles al día de los «oscuros intereses» que puede
esconder la adjudicación del servicio de abastecimiento de agua
impulsado por el tripartito municipal (PP, PRC e IU).
«El grupo municipal
socialista castreño tiene las manos limpias, no
tenemos nada oscuro en Castro, pero no así el consejero de Presidencia,
Vicente Mediavilla (PRC), que es cómplice de las actuaciones irregulares
en el urbanismo castreño que han sido denunciadas por el grupo
socialista ante su consejería, alegaciones que no han sido contestadas».
Santander 12-4-05
Cantabria 23-4-2005
MEDIO AMBIENTE PEGA UNA CORNADA A ARCA
20 – 04- 05
Extracto de unas declaraciones en una rueda de
prensa
DIARIO MONTAÑES
19-04-05
Otras Noticias
Acusan a Mediavilla de complicidad en irregularidades urbanísticas
El ex socialista Pedro Olano afirma que presentar la moción de censura ha sido «un acto de responsabilidad»
N. FALAGÁN/CASTRO URDIALES
Acusan a Mediavilla de
complicidad en irregularidades urbanísticas
EDIL. Pedro Olano, durante la rueda de prensa de ayer. / N. F.
«La moción de censura ni esconde intereses urbanísticos de los ediles
que hemos presentado la reprobación al alcalde, Fernando Muguruza (PRC),
ni está orquestada por el presidente de Cantabria ni por la
vicepresidenta», afirmó ayer con rotundidad el hasta hace unos días
concejal socialista en el Ayuntamiento de Castro Urdiales, Pedro Olano.
En opinión de Olano, la moción se debe a que «la persona responsable, que es el alcalde, no informó en rueda de prensa sobre la moción de confianza ni sobre su dimisión a pesar de que no está capacitado para dirigir los plenos ni la vida municipal».
Olano justificó la presentación de la moción de censura en «la presión de los ciudadanos de Castro, colectivos y asociaciones deportivas cuyas expectativas podíamos traicionar de no presentarla».
Así, el edil explicó que los ex socialistas «nos vimos obligados a hacer los deberes que el tripartito (PP, PRC e IU) no quería hacer y ahora tenemos que pagarlo muy caro porque a día de hoy estamos suspendidos de militancia del PSOE».
A su juicio, la moción «es un acto de responsabilidad».
El concejal castreño anunció ayer en rueda de prensa que se encargará
personalmente de remitir un escrito a Rafael de la Sierra, portavoz del
grupo parlamentario regionalista, y a Ignacio Diego, presidente del PP
en Cantabria, para ponerles al día de los «oscuros intereses» que puede
esconder la adjudicación del servicio de abastecimiento de agua
impulsado por el tripartito municipal (PP, PRC e IU).
Olano añadió que en este documento se incluirían también otras actuaciones urbanísticas que han tenido lugar en Castro Urdiales y que han sido denunciadas por el grupo municipal socialista, en referencia a dos actuaciones que se están desarrollando en la calle Leonardo Rucabado, frente a los antiguos juzgados en El Chorrillo, y junto al colegio público Arturo Dúo. Según recordó Olano en ambos casos «se incumple el Plan de Ordenación Urbana y ha sido denunciado en los juzgados».
«El grupo municipal
socialista castreño tiene las manos limpias, no
tenemos nada oscuro en Castro, pero no así el consejero de Presidencia,
Vicente Mediavilla (PRC), que es cómplice de las actuaciones irregulares
en el urbanismo castreño que han sido denunciadas por el grupo
socialista ante su consejería, alegaciones que no han sido contestadas».
Olano pidió a Rafael de la Sierra que estudie el documento que le enviará y que «sea prudente en sus declaraciones, máxime cuando la Fiscalía esta investigando la relación de un edil castreño del PRC (Jaime Díez Muro) con seis constructoras
Santander 12-4-05
ARCA pide que la Fiscalía investigue las irregularidades urbanísticas Creen que debe nombrarse una fiscal especial de Medio Ambiente
EFE/SANTANDER
ARCA elogió ayer la disposición que le ha expresado la fiscal jefe de Cantabria, Pilar Martín-Nájera, a estudiar sus denuncias medioambientales y a impulsar aquellas en las que observe posibles delitos, por lo que ha decidido darle «un voto de confianza», aunque discrepe de su actuación hasta la fecha.
Pilar Martín-Nájera recibió ayer al presidente y al vicepresidente de ARCA, Gonzalo Canales y José Ángel Herrera, quienes querían transmitirle su desacuerdo con la posición que ha mantenido hasta ahora la Fiscalía de Cantabria en materia de medio ambiente y demandarle que investigue si existen responsabilidades penales en las irregularidades urbanísticas denunciadas por su asociación.
Los ecologistas se refirieron a casos concretos como las recalificaciones que permitieron construir las urbanizaciones de las playas de La Arena (Arnuero) y Cerrias (Piélagos) -sobre las que pesan sentencias de demolición, los vertidos de la depuradora de Renedo al río Pas o las modificaciones urbanísticas y legales hechas para permitir la construcción en el Parque Natural de Oyambre.
La asociación expresó además a Martín-Nájera su interés por que se acelere la creación de una fiscalía especial sobre medio ambiente en Cantabria y se potencie la actividad del fiscal en el campo contencioso administrativo.
Argoños 2-4-05
Platafoma Maltratados por la Administración
ROBERTO ALONSO/ARGOÑOS
La Plataforma Maltratados por la Administración que cuenta con 150 socios fundadores de doce urbanizaciones de Cantabria, Álava, Asturias, Burgos, León, Lugo, Valladolid y Vizcaya.
Destarcar la presencia de vecinos de Arnuero, Escalante, Liencres y otros Ayuntamientos cántabros.
En el cargo de Pte. Antonio Vilela, y con Álvaro Gómez, como vicepresidente; José Joaquín Alfageme, en las funciones de secretario; Juan Luis Urrutia, como tesorero, así como trece vecinos que serán vocales
Según sus portavoces,
el principal objetivo es buscar soluciones a los afectados por las sentencias de derribo de sus viviendas
«y solicitar al Gobierno de Cantabria una solución rápida y justa,
a los ayuntamientos apoyo a sus vecinos
y a la justicia que dicte sentencias cercanas a la realidad».
Arnuero a 1 –4-05
Palacio dice que fue
perseguido «por la licencia de El Encinar» El ex edil del PP, y primer teniente de alcalde, asegura que fue destituido de su cargo porque se posicionó en contra del proyecto
ROBERTO ALONSO/CASTILLO
A principios de los años noventa, cuando se estaba tramitando en el Ayuntamiento de Arnuero la licencia de obra para construir los 144 apartamentos de El Encinar, en Isla, el concejal por aquel entonces y primer teniente de alcalde, José Luis Palacio (PP), fue destituido de su cargo.
Aunque todavía sigue reclamando explicaciones a los responsables del equipo de gobierno, encabezado por José Luis Rey Villa, inhabilitado políticamente desde hace unos años por los tribunales, Palacio asegura que su cese se debió a sus protestas por algunas decisiones que se tomaron referentes a actuaciones urbanísticas. «Entre ellas se encontraban la construcción de los 144 apartamentos en la playa de La Arena que yo considere ilegal en todo momento», explica Palacio, quien paso a formar parte, en la oposición, del grupo Plataforma Independiente de Cantabria.
El ex concejal también señala que calificó a los gobernantes municipales de «caciques rurales y corruptos, motivo por el que me interpusieron una querella por difamación que fue desestimada en el juzgado de Santoña y en los tribunales en Santander».
Depresiones
José Luis Palacio, que también ostentó el cargo de presidente de Junta Vecinal de Castillo durante unos años, indica que ha sufrido depresiones por la querella que le presentaron y persecución política. «Durante tres años he recibido llamadas de teléfono a mi domicilio a las cinco de la mañana para que dejase la política por considerar ilegales ciertas actuaciones urbanísticas, e incluso me tildaron de miembro del grupo terrorista Grapo». Esta situación fue denunciada por Palacio en la Guardia Civil y pasó al juzgado de Santoña. Y es que, otra de las iniciativas que denunció fue el cierre, por parte de unos vecinos con el consentimiento del Ayuntamiento, de un terreno en el barrio de San Pantaleón, en Castillo, propiedad de la parroquia y de la junta vecinal. El hecho fue denunciado en los tribunales, dice Palacio, y posteriormente el juez ordenó la demolición del cierre, ya que los terrenos pertenecían a la junta vecinal.
Desprecios
«En mi opinión querían utilizar la justicia para tapar sus errores urbanísticos, cuando al final yo estaba diciendo la verdad», declara este vecino de Castillo, quien además avanza que sufrió insultos, desprecios y mentiras desde el equipo de gobierno municipal.
Ante esta situación que ha vivido y después de conocer la ilegalidad firme de la construcción y de que las indemnizaciones morales a los propietarios deben ser pagadas con dinero público, procedente del Gobierno de Cantabria y la Corporación, Palacio dice que «las consecuencias políticas deberían ser pagadas por quienes concedieron los permisos ilegales, de tal forma que los responsables políticos no queden inmunes en estos fraudes».
Asimismo, el ex edil reclama a los miembros de la actual Corporación que en un pleno haga públicos los nombres de quiénes fueron los culpables del tema de 'El Encinar', ya que «algunos todavía forman parte del equipo de gobierno». Al mismo tiempo, adelanta que de no hacerlo o sí le desmienten, lo hará él y les convoca a debatir el asunto en los medios de comunicación.
Explicaciones
José Luis Palacio tampoco se olvida aún de pedir explicaciones sobre los motivos por los que le destituyeron como primer teniente de alcalde.
Respecto a José Manuel Igual, alcalde actual por el Partido Popular, Palacio sólo tiene palabras de agradecimiento por el trabajo honesto que está realizando, pero «a los estómagos agradecidos de la zona, incluido Castillo, que estuvieron contra mi en aquellos años, sólo les pido que no les dé verguenza cuando ahora les miro a la cara».
UNIÓN. Vecinos afectados de varias urbanizaciones en la concentración de ayer. / SE QUINTANA 
ARNUERO 16-03-05