El Gobierno cántabro pretende legalizar las casas de la costa y evitar los derribos

El Ejecutivo apoyará a los ayuntamientos en la elaboración de nuevos planes urbanísticos que 'salven' las viviendas Los afectados acogen la medida con escepticismo

HELENA RODRÍGUEZ/CASTRO

Tras recorrer los más de 30 kilómetros que separan Argoños de Santander, medio millar de afectados por los derribos de viviendas en la costa de Cantabria dieron ayer un pequeño paso adelante en la lucha para evitar la demolición de sus casas. Varios portavoces de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) se reunieron con el consejero de Ordenación del Territorio, José Vicente Mediavilla, en la sede del Gobierno Regional. En el encuentro, el representante del Ejecutivo se comprometió a apoyar a los ayuntamientos de los municipios afectados «para que aprueben nuevos planes urbanísticos que eviten que echen abajo nuestros apartamentos», desveló el presidente de AMA, Antonio Vilela.

Varias sentencias del Tribunal Supremo condenan a la piqueta a más de medio millar de urbanizaciones ubicadas en Argoños, Arnuero, Liencres y Escalante. Los afectados, muchos de ellos vizcaínos, luchan -en algunos casos desde hace más de doce años- para evitar que las decisiones judiciales se materialicen. El caso más apremiante es el de Arnuero. El Ayuntamiento de esta localidad costera ya ha sacado a concurso el derribo de los dos primeros bloques. Si nada lo impide, las edificaciones enclavadas en la urbanización El Encinar desaparecerán tras el verano.

«En este caso, el consejero nos ha dicho que se intentará que todos los propietarios reciban el aprovechamiento urbanístico en otra zona del municipio. Es decir, que sus casas sean construidas en otro lugar», desveló Vilela tras la reunión. Esta opción no gusta demasiado a AMA, que insiste en que «hay herramientas para evitar los derribos». «Apostamos por la legalización de las viviendas y eso se puede conseguir modificando los planes urbanísticos de los municipios afectados», argumentó.

Edificabilidad

Precisamente, esa solución, recomendada por el Defensor del Pueblo en un informe reciente, es la que tratará de impulsar el Ejecutivo Regional «en Argoños, Escalante y Piélagos, Ayuntamiento al que pertenece Liencres». En el primer caso, «la modificación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) permitiría legalizar el 95% de las 262 casas condenadas a la piqueta», detalló el portavoz de los afectados. El Consistorio de Argoños lleva varios años intentando modificar sin éxito su planeamiento urbano.

Los apartamentos de Escalante también se salvarían si se optase por cambiar el PGOU. «Allí el problema era la edificabilidad y eso quedaría solventado con una pequeña modificación», apuntó Antonio Vilela, quien reconoció que unos de los casos más preocupantes es el de las viviendas de Liencres. «No sabemos por qué el Ayuntamiento no cambia su Plan General. Parece que a alguien le interesa mantener el que tienen, que es ilegal», denunció.

Pese al compromiso adoptado por el consejero cántabro, los afectados no se fían. «En otro momento calificaríamos la reunión de positiva, pero después de tanto tiempo... Si en dos meses no se derriban los bloques de Arnuero, entonces podremos decir que el encuentro ha dado sus frutos», advirtió el presidente de AMA.

Una marcha por el hogar de los nietos

H. R./CASTRO La segunda marcha realizada por los afectados por las sentencias de derribo en la costa cántabra concluyó ayer en Santander. La comitiva, que quedó reducida a 500 personas por los compromisos laborales de muchos, había salido de Argoños el domingo a las 9.00 horas.

Tras hacer noche en el polideportivo de Ribamontán al Mar, la caravana recorrió casi ocho kilómetros por las calles de la capital cántabra. Un tramo final que se hizo especialmente duro por las altas temperaturas.

El agotamiento físico y mental de los propietarios apareció «en algunos momentos», reconoció el presidente de AMA, Antonio Vilela. Sin embargo, al portavoz de los afectados le bastaba echar un vistazo a su alrededor para ver que, «pese al sufrimiento que padecemos desde hace tantos años, la gente sigue dispuesta a luchar».

Es el caso de un hombre de 81 años que concluyó la gesta ante la admiración de sus compañeros. «Cuando me ha dicho su edad me he sorprendido un montón. Me decía que no pide que se paren los derribos por él, sino porque quiere que su casa sea para sus nietos, a los que ha visto crecer en ella», relataba emocionado Vilela. Todos esperan no tener que afrontar el año que viene la tercera edición de la travesía. Será señal de que «la pesadilla ha acabado».

El diario montañés 25-06-07

El Gobierno recuerda que las alternativas a los derribos pasan por los PGOU

Centenares de damnificados por las sentencias de demolición llegaron ayer a Santander tras una marcha de 40 kilómetros

GONZALO SELLERS/SANTANDER

Centenares de vecinos de Argoños, Arnuero, Piélagos y Escalante culminaron ayer en Santander una marcha de 40 kilómetros para exigir soluciones a las sentencias de derribo que pesan sobre sus viviendas.

Congregados a través de la AMA (Asociación de Maltratados por la Administración), los manifestantes recorrieron las calles de la capital, con parada obligada frente al Parlamento de Cantabria, los Juzgados y el Gobierno de Cantabria, donde los portavoces de la agrupación mantuvieron una reunión con el consejero de Presidencia, Urbanismo y Ordenación del Territorio, José Vicente Mediavilla, y la directora general de la Crotu, Miriam García.

En ese encuentro quedaron marcadas las líneas de actuación de los próximos meses, que pasan, según García, por los modelos que se recojan en los nuevos Planes Generales de los municipios.

En concreto, la inminente aprobación del nuevo PGOU de Argoños abrirá una puerta, en términos formales, para evitar el derribo de alguna de las 263 viviendas, siempre que el juzgado lo dictamine posteriormente.

En cuanto a la urbanización El Encinar de Arnuero, la alternativa propuesta, según confirmo el portavoz de AMA, Antonio Vilela, consistiría en construir en otro lugar las viviendas. «No nos satisface la medida, el Ayuntamiento debe trabajar para impedir el derribo», apuntó.

El caso de Liencres es uno de los más complejos, ya que «el Ayuntamiento no quiere que se apruebe un nuevo PGOU y manda a la Crotu modificaciones que sabe que van a ser rechazadas», explicó Vilela, quien calificó la reunión de «moderadamente satisfactoria».

El correo 25-07-06

La marcha contra los derribos en la costa cántabra reúne a mil afectados

Los caminantes llegan hoy a Santander con más de 30 kilómetros a cuestas y tras dormir en un polideportivo Casi un centenar de coches completó la caravana HELENA RODRÍGUEZ/CASTRO

«Muertos de sed y de calor». Así llegaron ayer a la localidad cántabra de Ribamontán al Mar los casi mil componentes de la marcha para protestar por los derribos de viviendas en la costa de la comunidad autónoma vecina. Convocada por la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), la travesía, que hoy concluye en Santander, había comenzado a las 9.00 horas en la plaza del Ayuntamiento de Argoños, la localidad en la que se enclava el mayor número de urbanizaciones condenadas al derribo por el Tribunal Supremo.

«Luego nos hemos encaminado a la plaza del Consistorio de Arnuero, donde hemos pegado algunos carteles y nos hemos concentrado unos minutos», detalló el presidente de AMA, Antonio Vilela. Allí, al ya de por sí numeroso grupo inicial, se le han unido muchas de las 144 familias que habitan 'El Encinar', la primera urbanización, ubicada en La Arena, condenada a la piqueta. Tras el verano, dos bloques de esta promoción, deshabitados y a medio construir, serán los primeros en ser echados abajo. Lejos de sucumbir al desánimo, los residentes del enclave ya han anunciado que sólo saldrán de sus casas «con los pies por delante». Ayer, Vilela reconocía que los vecinos de 'El Encinar' son un ejemplo. «Todos los afectados han tenido una actitud impecable, pero ellos serán los primeros en ver cómo los edificios son demolidos y aún así mantienen el espíritu combativo», elogió.

Cansancio y lágrimas

Bajo un sol de justicia, los caminantes, entre los que destacaba la presencia de varias personas de más de 70 años, llegaron sobre la una de la tarde a Galizano. Tras comer y descansar durante poco más de dos horas, el grupo, que se completaba con casi un centenar de coches, reemprendió la marcha hacia Ribamontán al Mar. Como ya ocurriera el año pasado, el polideportivo de la localidad abrió sus puertas para acoger a los afectados. En sus pies y sus espaldas ayer pesaban algo más que los 15 kilómetros de caminata.

«Llevamos en una situación de incertidumbre total más de doce años. Nosotros somos los que pagamos las consecuencias, los errores cometidos por las administraciones. Compramos casas legales, pero vivimos en continua tensión y preocupación», lamentó Enrique Vilela poco antes de entrar en el recinto deportivo. Aún quedaba un trago amargo antes de terminar la jornada con un merecido descanso en sus sacos de dormir.

A las 20.00 horas los expedicionarios pudieron ver por primera vez de forma íntegra el documental 'Historia de una Injusticia', que relata los avatares que han sufrido los propietarios de casas condenadas en la costa cántabra. Las imágenes hicieron aflorar más de una lágrima. Hoy completarán los más de 30 kilómetros de su recorrido por las calles de Santander.

Otro encuentro frustrado con la vicepresidenta

H. RODRÍGUEZ/CASTRO

Tras una noche de poco descanso marcada por el intercambio de experiencias, los componentes de la marcha contra los derribos de viviendas en la costa de Cantabria llegarán hoy a la capital de la región. En ella tienen tres citas importantes: a las 11.30, horas visita al Parlamento; a las 12.30, paso por el Tribunal Superior de Justicia y a las 13.00, encuentro con el consejero de Presidencia y Ordenación del Territorio, José Vicente Mediavilla.

Muy a su pesar, los portavoces de AMA no podrán encontrarse con la vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Dolores Gorostiaga. La cita se ha suspendido ya tantas veces que ya no albergan esperanzas de ser recibidos por la secretaria de los socialista cántabros. «Es una pena. Su partido nos ha tratado muy bien, pero ella, que era concejal de Piélagos cuando se aprobó el Plan General declarado luego ilegal por el Supremo, parece que no encuentra ni un momento para hablar con nosotros», lamentó el presidente de AMA, Antonio Vilela.

Sacan a concurso el derribo de las primeras casas de Arnuero levantadas junto a la playa

Los 42 apartamentos afectados, que no están habitados, serán demolidos antes de fin de año

HELENA RODRÍGUEZ/BARAKALDO

El Ayuntamiento de la localidad cántabra de Arnuero sacará a concurso en las próximas semanas el derribo de 42 viviendas de la urbanización El Encinar, en Isla. La decisión, adoptada por el pleno, supone un paso más para cumplir la sentencia del Tribunal Supremo que condena a la piqueta a los 144 apartamentos de la promoción.

Los primeros pisos sacrificados forman parte de los dos bloques levantados más cerca de la playa. No están habitados, ya que nunca llegaron a terminar de construirse. Su destrucción está enmarcada en la primera de las ocho fases que llevarán a la desaparición de El Encinar. Si nada lo impide, las excavadoras derribarán los números 24 y 18 antes de que acabe el año. Una vez adjudicados los trabajos, el plazo de ejecución de las demoliciones, cuyo coste asciende a 120.000 euros, es de dos meses.

Los responsables municipales, que lamentan tener que tomar esta decisión, recordaron que "estamos obligados a cumplir la sentencia". Sin embargo, el presidente de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), Antonio Vilela, cuestionó ayer la medida. "No entendemos que a estas alturas, tras los esfuerzos que hemos realizado y los contactos mantenidos con ayuntamientos y Gobierno cántabro, insistan en demoler las viviendas. Esa no es la solución", lamentó.

El Encinar no es la única urbanización de la costa cántabra condenada a la piqueta. Argoños, con diez promociones afectadas, y Liencres, también pasarán por este trámite en los próximos meses. "Arnuero ha sido el primero en actuar porque fue el primero en tener sentencia de derribo, pero los otros dos consistorios ya están dando pasos en la misma dirección", apuntó Vilela, quien recordó que hace pocas semanas el Defensor del Pueblo dio la razón a los afectados.

Compensaciones

"Las administraciones aseguraron a la oficina de Enrique Múgica que los propietarios serían compensados, con dinero o con aprovechamientos urbanísticos. Además, se comprometieron a que, en los casos que fuera posible, se legalizarían las viviendas", recordó el responsable de AMA, que anunció que los días 23 y 24 de julio se realizará una marcha a Santander en protesta por la situación de los afectados.

En el caso de Arnuero, ninguno de estos compromisos parece factible. Según el informe técnico encargado por el Ayuntamiento, las indemnizaciones -entre 9.000 y 12.000 euros- se abonarán cuando se realicen los derribos. "El Plan de Ordenación del Litoral hace inviable cualquier recalificación y las compensaciones urbanísticas son inconcebibles, dadas la cuantía y las protecciones ambientales".

El Defensor del Pueblo culpa a las instituciones de los derribos de viviendas en la costa cántabra

La oficina dirigida por Enrique Múgica logra que el Gobierno y los ayuntamientos afectados estudien «legalizar» algunas urbanizaciones

HELENA RODRÍGUEZ/CASTRO

La oficina del Defensor del Pueblo ha dado la razón a los dueños de las viviendas condenadas al derribo en varias localidades de Cantabria, agrupados en la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA). La institución ha emitido un informe en el que lamenta «la grave situación que padecen los afectados» y, en la misma línea que las sentencias del Tribunal Supremo, advierte de que «la responsabilidad debe imputarse a los ayuntamientos, que formularon los planes urbanísticos, y al Gobierno de Cantabria, que los aprobó».

AMA, que agrupa a más de 2.000 personas propietarias de casas en Arnuero y Argoños, solicitó el año pasado al Defensor del Pueblo que interviniese en un conflicto que dura ya más de doce años y que supondrá el derribo de cientos de viviendas construidas de forma ilegal, según ha dictaminado el Supremo. Tras recabar información, la oficina que preside Enrique Múgica ha instado a las administraciones cántabras «a solucionar esta situación», que a su juicio «no es responsabilidad de los afectados».

Cierre del expediente

En su contestación al Defensor del Pueblo, el Gobierno de Cantabria se muestra dispuesto a compensar a las 144 familias afectadas por los derribos de Arnuero. Para ello, los propietarios recibirían «los aprovechamientos urbanísticos en otra parte del término municipal», anuncia el documento. Asimismo, «los ayuntamientos consultados, están revisando actualmente sus planeamientos urbanísticos a efectos de legalizar las urbanizaciones en aquellos casos que sea posible». Con estas garantías, el Defensor del Pueblo ha suspendido el expediente abierto en su momento, sobre las sentencias de derribo. Eso sí, no descarta reabrirlo «en caso de que no se cumplan» las promesas de las instituciones cántabras.

AMA agradeció ayer «el apoyo y comprensión» recibido desde la oficina de Enrique Múgica. No obstante, la agrupación espera «que las demás administraciones estén a la altura para resolver la injusticia que se está cometiendo con más de 2.000 personas». Pese a la buena respuesta y, ante la alarma social suscitada por este tipo de problemática, el grupo ha solicitado al Defensor del Pueblo que abra un nuevo expediente. «Debería contemplar las modificaciones legislativas necesarias para que ningún ciudadano de ningún sitio de España pase por nuestra experiencia», reclamaron en AMA.

El Defensor del Pueblo dice que se pueden legalizar varias viviendas Los afectados por los derribos recibieron el informe

ROBERTO ALONSO/SANTANDER

El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ha admitido en su informe que algunas de las viviendas de Cantabria que tienen sentencia de derribo pueden ser legalizadas por medio de la redacción de los Planes Generales de Ordenación Urbana. Así lo anunció ayer el presidente de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), Antonio Vilela, colectivo que integra a 2.000 personas cuyas viviendas deben ser derribadas, ordenado por una sentencia judicial.

En caso contrario, Múgica señaló que se pueden realizar compensaciones urbanísticas con el mismo aprovechamiento, como en el caso de los 144 apartamentos de Arnuero, de tal forma que estas viviendas se pueden construir en otra zona del municipio, una probabilidad que también admite el Gobierno de Cantabria en la contestación que la remitido al Defensor del Pueblo.

Asimismo, en un último caso, Enrique Múgica considera oportuno que se indemnice a los propietarios de forma justa por la pérdida de su patrimonio.

La AMA solicitará a Múgica la creación de un registro nacional obligatorio de demandas para que los ciudadanos estén informados sobre la situación de una vivienda antes de adquirirla y evitar así que luego los interesados se encuentren con la existencia de una ilegalidad. Además, Antonio Vilela demanda modificaciones legislativas para que «no se vuelvan a producir más casos de indefensión, al igual que el sufrido por la AMA».

En España han detectado 121.900 viviendas con problemas de legalidad y 548.550 afectados.

CONSIDERACIONES REALIZADAS POR EL DEFENSOR DEL PUEBLO en su informe enviado a AMA (Asociación de Maltratados por la Administración).

SOBRE LAS VIVIENDAS CON SENTENCIAS DE DERRIBO QUE AFECTAN A MÁS DE 2000 PERSONAS
> Ø LAMENTA Y COMPRENDE LA GRAVE SITUACIÓN QUE PADECEN TODOS LOS ASOCIADOS DE AMA
> Ø LOS AFECTADOS NO TIENEN RESPONSABILIDAD ALGUNA EN LA SITUACIÓN QUE SUFREN.
Ø LA RESPONSABILIDAD DEBE IMPUTARSE A LOS AYUNTAMIENTOS QUE FORMULARON LOS PLANES Y AL GOBIERNO DE CANTABRIA QUE LOS APROBÓ DEFINITIVAMENTE.
Ø CREE DECISIVA Y NECESARIA LA ACTUACIÓN DEL GOBIERNO DE CANTABRIA Y LOS AYUNTAMIENTOS PARA SOLUCIONAR ESTA SITUACIÓN. Ø EL GOBIERNO DE CANTABRIA, EN CONTESTACIÓN AL DEFENSOR DEL PUEBLO, VE POSIBLE COMPENSAR A LOS AFECTADOS DE ARNUERO MEDIANTE EL RECONOCIMIENTO DE SU APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO, A MATERIALIZAR EN OTRA PARTE DE SU TERMINO MUNICIPAL.
Ø LOS AYUNTAMIENTOS CONSULTADOS ESTÁN REVISANDO ACTUALMENTE SUS RESPECTIVOS PLANEAMIENTOS A LOS EFECTOS DE LEGALIZAR LAS URBANIZACIONES EN AQUELLOS CASOS QUE SEA POSIBLE.

Todas estas conclusiones quedan reflejadas en el Informe del Defensor del Pueblo, donde repasa la situación de las diferentes urbanizaciones con los informes remitidos por los Ayuntamientos y del Gobierno de Cantabria, y con sus propias aportaciones.

El Defensor del Pueblo, después de haber obtenido garantías de las distintas Administraciones de que se hará justicia con los afectados de las sentencias de derribo, suspende el expediente sobre las sentencias de derribo. Las garantías consisten en:

a) Legalización de la viviendas que sea posible.
b) Compensaciones por sustitución de sus viviendas.
c) Indemnizaciones justas por la pérdida de su patrimonio.

Caso de que no se cumplieran estas garantías se podrá volver a abrir el expediente.

Por otra parte AMA, ante al alarma social creada, (AMA en su informe sobre la situación en España ha detectado más 121.900 viviendas con problemas de legalidad y 548.550 afectados) pedirá la apertura de un nuevo expediente para que el Defensor del Pueblo pueda proponer las modificaciones legislativas necesarias para que ningún ciudadano pueda pasar la pesadilla que hemos pasado las víctimas de las sentencias de derribo, ya que según el Asesor Jurídico del Defensor del Pueblo D. Carlos Luna con el tipo de expediente actual no pueden actuar sobre este tema.

Por cual AMA SOLICITARÁ:

1.- Creación de un Registro Nacional Obligatorio de Demandas para que todo ciudadano cuando compre su vivienda sepa si la misma afectada por una demanda.
2.- Modificaciones legislativas para que no se puedan producir casos de indefensión como el sufrido por el colectivo que representa AMA.

AMA HACE UNA VALORACIÓN POSITIVA DEL INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO, AGRADECE SU APOYO Y COMPRENSIÓN Y ESPERA QUE LAS DEMÁS INSTITUCIONES ESTÉN A LA ALTURA PARA RESOLVER ESTE GRAVE PROBLEMA Y LA INJUSTICIA QUE SE ESTA COMETIENDO CON MAS DE 2.000 PERSONAS.

AMA pide soluciones al Parlamentarios de Cantabría

A través de los portavoces de los grupos parlamentarios, con lo que se ha reunido este viernes, así mismo les ha trasladado sus iniciativas para solucionar el grave problema que vive este colectivo de más de 2000 personas afectadas por las sentencias de derribo.

Entre las que destacan:

• Petición de soluciones consensuadas al parlamento que se complementen iniciativas legislativas.

• Petición de un registro de las demandas, para que ningún ciudadano de Cantabria pueda pueda sufrir una indefensión como la este colectivo.

• Solicitud de una Oficina de Atención a los Afectados, que pueda atender los graves problemas que tiene las victimas de las sentencias de derribos.

Los Portavoces de los grupos parlamentarios han trasmitido AMA:

1.- El apoyo total de sus grupos a las victimas de las sentencias de derriba.

2.- La preocupación y sensibilidad por la situación actual.

3.- La búsqueda de medidas legislativas y/o pronunciamientos del parlamento de Cantabria para de una solución real.

4.- Reuniones periódicas con seguimiento de las actuaciones a realizar.

AMA solicita apoyo a la Fiscal Jefe del Tribunal Supremo de Justicia de Cantabria

Por otra parte AMA se ha reunido con la Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria Maria del Pilar Martín Nájera.

A lo que ha solicitado:

1.- El apoyo de la fiscalía para la defensa de los derechos de los ciudadanos víctimas de las sentencias de derribo que condenan a la Administración.

2.- Las actuaciones pertinentes, para que los posibles faltas, delitos... no prescriban y se pueda hacer justicia con los que sufren esta situación

3.- información sobre la creación de la nueva fiscalía para delitos urbanísticos.

Respuesta de la Fiscal Jefe del TSJC

1.- Mostrar su sensibilidad y comprensión por la situación que están viviendo el colectivo representado por AMA

2.- Encauzar todos las acciones a través de los fiscales que llevan los temas especializados en urbanismo y medio ambiente (en la actualidad dos fiscales), desde donde se estudiarán las actuaciones, prescripciones y demás actuaciones según la documentación aportada y siguiendo los criterios de la Fiscalía.

3.- Información sobre la creación de los nuevos fiscales para delitos urbanísticos que espera que estén totalmente operativo para finales del año actual.

Cartas al Director

Todos los ciudadanos deben saberlo

Felipe Pérez

Señor director:

Lo que nos ha ocurrido a nosotros, no es que podía haberle ocurrido a cualquier ciudadano de Cantabria o del resto de España, es que le puede ocurrir mañana mismo. Como nosotros, que compramos una vivienda en situación legal, por una denuncia (Arca) y posterior juicio (al que no pudimos asistir por no ser nosotros los imputados), sentencian a las correspondientes Administraciones (Ayuntamientos y Gobierno de Cantabria) a que derriben nuestras viviendas. Curioso ¿verdad?.

Pues como le decía, mañana le puede ocurrir a usted, que amparándose en los permisos y certificados de las correspondientes administraciones ha comprado su vivienda totalmente legal, que alguien, formación política, ecologista, o ciudadano (este último no suele hacerlo), denuncie a las administraciones porque la fachada, yacimientos antiguos, etc. del edificio que había antes de su vivienda, era de especial interés arquitectónico, ecológico, etc.; habrá un juicio y podrán sentenciar a las administraciones a que derriben su vivienda y dejen el solar/edificio como estaba, curioso ¿verdad?. O que denuncien la construcción por "impacto medioambiental", porque ahora no ven el mar desde su ventana, o las vacas pastando al pasar, u otras maravillas como lo hacía antes. A quien denunciarán es a la administración que otorgó los permisos correspondientes, y sentenciarán de nuevo a la administración, a que derribe la vivienda de INOCENTES ciudadanos que pagaron con dinero legal viviendas que la administración dijo que eran legales. ¿Es justo? No, pero es legal.

Si realmente queremos justicia, debemos denunciar las irregularidades, ¿por supuesto!, y que haya intervenciones, como las de Marbella, que permitan esclarecer los hechos, y que los jueces, si hay delito, castiguen a los culpables de acuerdo con la ley, pero, por favor, que no les castiguen a derribar viviendas de INOCENTES como está ocurriendo en Cantabria.

Protesta por los derribos en Cantabria

2.000 AFECTADOS. El acto se celebró en la plaza del La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) congregó ayer a más de 400 personas en la plaza del Ayuntamiento de Santander en un acto de homenaje a las personas de la tercera edad que «padecen las consecuencias de las sentencias de derribo de sus casas en Arnuero y Argoños», manifestó su presidente Antonio Vilela. El conflicto afecta a unas 2.000 personas, muchos de ellos vascos.

Diario Montañes 17-04-2006

Protesta de AMA en Santander

La concentración se celebró en Santander.

Más de un centenar de personas convocadas por la Asociación Maltratados por la Administración (AMA) se concentraron ayer en la Plaza del Ayuntamiento de Santander para pedir la legalización de las aproximadamente 500 viviendas afectadas en Cantabria por sentencias de derribo. El portavoz de AMA, Antonio Vilela expuso las propuestas que la asociación quiere plantear a responsables políticos, entre ellas que se lleven a cabo modificaciones legislativas que hagan posible la legalización de dichas viviendas.

La AMA valora de forma positiva el último fallo de los tribunales La sentencia reconoce un daño moral a los propietarios de una vivienda, pero consideran mínima la indemnización

ROBERTO ALONSO/SANTANDER

La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que incluye a 2.000 personas cuyas viviendas tienen una sentencia de derribo, valoran de forma positiva la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que reconoce la existencia de un daño moral a los dueños de una vivienda en Argoños. Así, lo aseguró el presidente, Antonio Vilela, que destacó también como favorable que se condene al Ayuntamiento y al Gobierno regional. Entre las dos instituciones deberán pagar 9.000 euros a los afectados, según recoge el fallo del tribunal.

Sin embargo, la AMA no entiende que «después de una exposición tan clara y brillante por el juez reconociendo que las víctimas han sufrido zozobra, inquietud, inseguridad y amenaza, la indemnización sea tan mínima y que además no se reconozcan los daños reales producidos». Vilela señaló que «sólo en Argoños quedan pendientes de resolución más de quince procesos y que tras las sentencias de El Encinar, en Arnuero, y esta última en Argoños, el Gobierno de Cantabria debería solucionar de forma urgente este problema».

Marbella

La AMA se pregunta sí la Fiscalía Anticorrupción, al igual que ha sucedido en Marbella, no se plantea investigar lo que está pasando en Cantabria, donde existen más de veinte fallos firmes que condenan a las Administraciones.

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha condenado al Gobierno regional y al Ayuntamiento de Argoños a indemnizar con 9.000 euros a los dueños de una de las casas condenadas al derribo en la localidad cántabra. El inmueble es uno de los 22 que forman la urbanización Las Llamas II, sobre la que pesa una sentencia del Supremo que obliga a derruir todos los inmuebles por distintos defectos urbanísticos.

Se trata de la segunda sentencia de estas características dictada por el alto tribunal, que hace un año emitió una similar relativa a otros 144 apartamentos abocados a la piqueta en Arnuero. Entonces, el juez estimó dos tipos de indemnizaciones: 12.000 euros para quienes usan los inmuebles como primera vivienda y 9.000 para los que los utilizan como segunda. Éste último sería el caso de los propietarios de la casa de Argoños, una pareja de Leioa que solicitaba 254.000 euros por los daños y perjuicios sufridos desde que se conoció la sentencia de demolición de la urbanización, en julio de 2000.

Otros 20 recursos

El TSJC reconoce que la pareja «ha sufrido zozobra, inquietud, inseguridad y amenaza cierta de la pérdida de su vivienda, lo que supone un indudable sufrimiento moral que es susceptible de ser indemnizado a la fecha presente». Asimismo, la sentencia atribuye la responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento de Argoños -«que fue quien otorgó el permiso de obras anulado»- y al Ejecutivo cántabro. «El Gobierno regional era consciente de la ilegalidad de la licencia, de julio de 1997, en tanto que por acuerdo de la comisión regional de Urbanismo decidió que el estudio de detalle previo tenía actuaciones que constituyen una clara degradación del entorno», reconoce el dictamen.

El portavoz de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), Enrique Vilela, estimó que la sentencia «es positiva porque reconoce que los afectados padecemos daños morales y, además, responsabiliza de ello a las administraciones local y autonómica». Sin embargo, reconoció que la cuantía de la indemnización «es decepcionante». Vilela anunció, además, que ésta es sólo la primera de una larga lista de sentencias que «vendrán en breve». «Al menos otros 20 afectados han interpuesto recursos similares», recordó.

Indemnización de 9.000 euros para los dueños de una vivienda con sentencia de derribo El fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria asegura que se trata de una vivienda de segunda ocupación y que sus propietarios han sufrido daños morales

ROBERTO ALONSO/ARGOÑOS

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha condenado al Ayuntamiento de Argoños y al Gobierno de Cantabria a pagar una indemnización de 9.000 euros a los propietarios de una vivienda por los daños morales que han sufrido. La pareja es propietaria de una casa en la urbanización Las Llamas, que cuenta con sentencia de derribo del Tribunal Supremo.

La Sala estima parcialmente el recurso de los afectados, una pareja que solicitó 252.427 euros por los daños y perjuicios sufridos por la sentencia de demolición, materializando sólo los morales, y dejando los materiales al cumplimiento del derribo.

La sentencia sigue la dictada en marzo de 2005 por el TSJC respecto a la urbanización El Encinar, de Arnuero, cuyos propietarios recibirán 12.000 euros, si se trata de la primera residencia, y 9.000 euros, si era segunda vivienda y que deben pagar el Ayuntamiento de Arnuero y el Ejecutivo regional.

En Argoños, los apelantes tienen su primera residencia en Lejona, Vizcaya, y adquirieron la casa con anterioridad a la publicación de la sentencia de 5 de julio de 2000, en la que se declaró la nulidad de la licencia de obras,y se acordó la demolición de las 22 viviendas de la urbanización.

Según el TSJC, desde dicha sentencia de 2000, «los propietarios han sufrido zozobra, inquietud, inseguridad y amenaza cierta de la pérdida de sus viviendas, lo que supone un indudable sufrimiento moral que ha permanecido a lo largo de todos estos años y que es susceptible de ser indemnizado a la fecha presente porque dichos daños morales están ya consumados y forma parte del padecimiento psíquico de los afectados».

Los magistrados explican que resulta «clara y evidente la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Argoños, en cuando que fue la Administración que otorgó la licencia de obras anulada».

Respecto al Gobierno cántabro, la Sala dictaminó que era «consciente de la ilegalidad de la licencia, de julio de 1997, en tanto que por acuerdo de la Comisión Regional de Urbanismo decidió que el estudio de detalle previo tenía actuaciones que constituyen una clara degradación del entorno de Argoños». Pese a que desde la Comisión Regional de Urbanismo se instó a contratar asistencia técnica, «ninguna de dichas actuaciones se llevaron a cabo».

La asociación de afectados califica de «injusto» el derribo

El colectivo ha organizado un homenaje a los mayores el día 16 de abril en la Plaza del Ayuntamiento de Santander

ROBERTO ALONSO/ARNUERO

La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) valora el derribo de la urbanización de El Encinar como «una injusticia y una triste noticia para Cantabria, donde se pone de manifiesto la incapacidad para solventar problemas; para el Ayuntamiento de Arnuero, ya que el dinero de los vecinos se destinará a la demolición y no para fines sociales o medioambientales, así como para los afectados que ven como se consuma una de las mayores injusticias con este colectivo».

La AMA pide al Gobierno de Cantabria, a quien consideran responsable de la situación, una solución para las 500 familias y 2.000 personas afectadas por las diferentes sentencias de derribo, entre los que se encuentran los propietarios de los 144 apartamentos de El Encinar.

El presidente de esta asociación, José Antonio Vilela, indicó que «se ha llegado a esta situación por la irresponsabilidad del Gobierno de Cantabria que no se ha atrevido a buscar una solución, porque políticamente no era rentable».

La AMA avanzó que estará por solidaridad al lado de la comunidad de vecinos de Arnuero, ya que «nos preocupa el sufrimiento que padecen por los errores de terceras personas».

Vilela no entiende «cómo se puede derribar antes de que los afectados cobren sus indemnizaciones, cuando han sufrido daños morales y psicológicos, en el caso de algunos, desde hace más de diez años». Aun así, el presidente recalcó que nunca han pensado en el dinero, sólo en sus casas.

Dolores Gorostiaga

Los afectados han mostrado su malestar con la vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Dolores Gorostiaga, «por anunciarnos que nos recibiría en febrero, luego en marzo debido a que tiene un agenda muy apretada y ahora desconocemos cuándo nos recibirá».

José Antonio Vilela recordó a Gorostiaga que algunos problemas urbanísticos datan de cuando esta consejera era concejal en el Ayuntamiento de Piélagos.

En cuanto a la propuesta del consejero de Presidencia y Urbanismo, José Vicente Mediavilla, de que se podía solventar la situación legalizando las viviendas con la redacción de los Planes Generales de Ordenación Urbana, la AMA asegura que «nosotros lo apoyamos, pero están dormidos y ni el de Argoños se acaba de aprobar».

El próximo día 16 de abril, domingo, a las 13 horas, la AMA ha organizado en la Plaza del Ayuntamiento de Santander un homenaje a los vecinos mayores que vienen padeciendo desde hace muchos años el proceso jurídico de la demolición de sus viviendas y las movilizaciones que han llevado a cabo para reclamar una solución que no pase por el derribo.

El Consistorio reserva el dinero necesario para derribar los primeros 24 inmuebles de la urbanización El Encinar Los propietarios piden indemnizaciones para dejar sus casas

HELENA RODRÍGUEZ/BARACALDO

Casi doce años después de que los tribunales ordenaran por primera vez la demolición de una urbanización costera en Arnuero, el Ayuntamiento del municipio ha anunciado que iniciará el derribo de las viviendas. El alcalde de la localidad cántabra, José Manuel Igual, confirmó ayer que ya han reservado el dinero necesario para desmantelar los primeros pisos y chalés. Según los cálculos del primer edil, las piquetas empezarán a trabajar después del verano en 24 de los 144 inmuebles que conforman el núcleo residencial de El Encinar de Isla.

«En cuanto se aprueben los presupuestos municipales, donde hay consignados 125.000 euros, se convocará un concurso público y se adjudicarán los derribos. Pensamos que para septiembre u octubre las máquinas comenzarán a trabajar», detalló el primer edil de Arnuero. Las dos primeras fases de la operación de desmantelamiento afectarán a dos bloques deshabitados y a medio construir situados cerca de la playa.

El resto de viviendas, 102 de ellas habitadas, serán derruidas en seis fases posteriores que absorberán una inversión total de un millón de euros que en principio deberán ser asumidos íntegramente por el Consistorio. «Interpusimos una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria para que el Gobierno regional se hiciera cargo de los costes. El juez resolvió en primera instancia que lo pagásemos al 50%, pero ambas instituciones hemos recurrido», explicó Igual.

Aunque ya han reservado una partida en los presupuestos, el alcalde explicó ayer que ha intentado buscar fórmulas para evitar las demoliciones. «La sentencia del Supremo es firme y las pocas posibilidades de arreglo que existían desaparecieron cuando entró el vigor el Plan de Ordenación del Litoral, que califica la zona como de especial protección ecológica», aclaró el primer edil en referencia al área que ocupan las viviendas.

Las familias afectadas acogieron la noticia con resignación. «Van a empezar por los bloques vacíos, pero luego llegará el momento de derribar las casas habitadas», lamentó Esteban Alday, portavoz de los residentes en la urbanización. A su juicio, la decisión del Ayuntamiento de Arnuero abre la puerta a que otras viviendas condenadas a la piqueta sean demolidas. Hasta ahora, 16 zonas residenciales de Cantabria han sido declaradas ilegales por irregularidades urbanísticas.

«Poca sensibilidad»

Ante la inminencia de los derribos, Alday quiso dejar «bien claro» que no van a abandonar sus hogares sin «una indemnización justa». Sin embargo, esta posibilidad ha sido desestimada por el Tribunal Supremo, que en su momento dictaminó que no se pagará nada hasta que no se hayan producido los desmantelamientos.

El inicio del proceso de demolición en Arnuero fue recibido también con desilusión por la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que agrupa a más de 2.000 personas. «Las instituciones demuestran una vez más que tienen muy poca sensibilidad», criticaron.

Piqueta inexorable

SANTIAGO GONZÁLEZ/

El Ayuntamiento de Arnuero acaba de aprobar el expediente de derribo de 24 viviendas, las primeras de las condenadas por el Tribunal Supremo después de un calvario que dura ya doce años para las 500 familias, vizcaínas en su mayoría, que un buen día invirtieron sus ahorros o su capacidad de endeudamiento en la compra de una segunda vivienda en Cantabria.

La historia es tan sencilla como habitual en estos lares. Las víctimas de esta historia compraron su pisito después de asegurarse de lo normal: que la empresa constructora tenía los permisos de construcción, de habitabilidad, que no tenían cargas, en fin todas esas cuestiones burocráticas con que las administraciones (en este caso local y autonómica) bendicen la apoteosis del ladrillo. ¿Quién de entre los confiados compradores iba a suponer que el Plan General de Ordenación Urbana era ilegal, que así lo iban a declarar los tribunales ante las denuncias de los ecologistas y que las administraciones responsables se iban a llamar andanas?

El Ayuntamiento de Arnuero, que no ha conseguido dinero para indemnizar a los propietarios, sí ha logrado reunir un millón de euros para poner en marcha la piqueta para después del verano. De momento, esta demolición va a tener un carácter experimental, una especie de ensayo general con todo, porque son 24 viviendas no terminadas.

Los vecinos han creado una Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) y se muestran dispuestos a todo. Preferirían conservar sus casas, pero si no puede ser, exigen justamente que se les indemnice en consonancia con el valor real de su vivienda y por los sinsabores que han atravesado en los últimos doce años. AMA se entrevistó en febrero con el presidente autonómico, Revilla, este pintoresco dirigente que va en taxi a los sitios para ahorrar y lleva siempre unas latas de anchoas para regalar. Dio buenas palabras a sus visitantes, pero ayer en el Gobierno que preside nadie quiso hacer declaraciones sobre el asunto.

«Vivimos una agonía a plazos»

Los vecinos de El Encinar, en Arnuero, afrontan con inquietud el anuncio del derribo de los dos primeros bloques de viviendas y advierten de que no se van «a quedar quietos»

HELENA RODRÍGUEZ/ARNUERO

El sol y la agradable temperatura invitaban ayer a muchos de los propietarios de los apartamentos de la urbanización El Encinar, en la localidad cántabra de Arnuero, a visitar sus casas. Muchos habían desayunado con la noticia de que el Ayuntamiento ha decidido derribar dos de los bloques que componen el núcleo residencial después del próximo verano. Una vuelta de tuerca más en la situación que sufren, desde hace casi doce años, las 144 familias que habitan una zona condenada a la piqueta por el Tribunal Supremo.

«Cada vez que sale algo nuevo en la Prensa volvemos a angustiarnos», lamenta Txema Sánchez, un bilbaíno que junto a su esposa, María Ángeles Uriarte, compró una de las viviendas en 1994. El matrimonio, uno de los primeros en llegar, insiste en dejar muy claro que la urbanización «no está en medio del encinar, ni sobre la playa».

«Esto no son chalés de lujo, sino apartamentos de 45 ó 50 metros cuadrados. Para muchos son su segunda residencia, pero hay otros que viven aquí», puntualizan. Pese a que el inicio de los trámites para demoler dos bloques, deshabitados e inacabados, acerca aún más el desmantelamiento de sus casas, la pareja, como el resto de los habitantes de la urbanización, se niega a arrojar la toalla y se resiste a creer «que los vayan a tirar».

Sin explicación

«Cuando vinimos aquí y hablamos con la constructora no había ningún problema. Luego, con las denuncias, las cosas empezaron a complicarse, pero pensamos que la Justicia nos ayudaría. Después la bola fue creciendo. La ley no nos ayuda y los políticos dan buenas palabras, pero luego no hacen nada», critica Txema. A su lado, su hija Eider, de doce años, juega con una pelota. «Nació cuando compramos esta casa, ha pasado todos los veranos y fines de semana de su vida aquí, y no entiende por qué van a derribar nuestro hogar. Nosotros, los adultos, tampoco sabemos explicárselo», admite.

No muy lejos, Fernando limpia el pequeño jardín situado delante de su casa. «Levantarme por las mañanas y escuchar el canto de los pájaros es una maravilla», asegura este cántabro que aprovecha «cualquier momento libre» para acudir a Arnuero. Con gesto serio y voz pausada, siente que las administraciones les «han tomando el pelo» y describe la situación de los propietarios, que se alarga desde 1994, como «una agonía a plazos». «El Ayuntamiento ahorra dinero para tirar la urbanización. No entiendo por qué con ese dinero no nos indemnizan», manifiesta. La sensación de indefensión también ha calado en él que, como el resto, recuerda que lo único que hizo en su momento fue «juntar unos ahorros, con mucho esfuerzo, para comprarme una vivienda en un lugar que conocí casualmente y me encantó».

Maite y su marido volvían ayer a Arnuero desde Bilbao. «No hemos estado desde el puente de la Constitución. Venimos a limpiar y ver cómo está todo», reconoce la mujer. Ellos, como el resto, no quieren el dinero de las posibles indemnizaciones -caso de materializarse el derribo- sino «que legalicen la situación». No obstante, advierten que no están dispuestos a abandonar su casa sin que les paguen «una cantidad justa». Por el momento, «parece que este verano lo pasaremos aquí, pero no nos vamos a quedar quietos mientras tiran nuestra casa», anuncian.

La Asociación AMA, que agrupa a más de 500 familias, realizará el próximo día 16 de Abril un acto de Homenaje a las personas que han sufrido de una manera más intensa la injusticia producida por actuaciones de las Administraciones Públicas que condenan sus viviendas al derribo.

AMA hará una mención especial a la situación en que se encuentran los mayores Ellos que con los ahorros de toda una vida de actividad laboral han comprado su vivienda y que ahora ven cómo la misma se encuentra en peligro.

Muchos son los miedos, sinsabores, incomprensiones; muchas las noches sin dormir, cuántas reuniones con abogados, peritos, ayuntamientos, etc. Su único “pecado” ha sido comprar una vivienda que las administraciones les habían asegurado que eran legales, para después, esas mismas administraciones, decirles que tienen que derribarlas.

Este colectivo es especialmente sensible, sufriendo en sus carnes, además de la injusticia, la soledad. Quienes tienen el deber de defender sus derechos, los poderes públicos, no sólo no lo han hecho, sino que son los culpables de su situación.

Ni ellos ni ninguna persona de buena voluntad puede entender que trabajes toda tu vida para que, sin haber cometido delito alguno, quieran acabar con tu casa.

Las depresiones, el estrés y otras situaciones críticas se repiten en este colectivo sin que por parte de los Poderes Públicos se de una respuesta a esta situación.

En algunos casos estas personas llevan más de 10 años viviendo con este miedo y esta tensión, sin poder disponer de su patrimonio, ni para una operación o para ayudar a aquel hijo que se ha quedado en el paro o que lo necesita. Pero esos poderes públicos dicen que no se ha producido el daño.

¿Cómo es posible que esté sucediendo esto?. Se conoce a los culpables, los que han cometido los delitos, faltas, errores... pero esa gente no tiene ningún proceso pendiente. Sin embargo, nuestros mayores todos los días se acuestan pensando que puede ser mañana cuando alguien llame a su puerta para decirle que van a derribar su vivienda, su hogar, construido con el trabajo y amor de toda una vida.

En más de una década que llevan con esta situación algunos ya nos han dejado, otros están en una situación muy difícil, y los más jóvenes empezamos a peinar canas con este problema, las que nos salen con el paso del tiempo y sobre todo las que nos producen los disgustos de vivir día a día esta situación tan incomprensible e injusta.

El martes pasado María, de 68 años, me decía: "¿Qué hemos hecho mal, Antonio?, mi marido ni quiere hablar de este tema, está totalmente deprimido, apenas sale de casa, y se echa la culpa no sabe si de su mala suerte o de no tener valor para hacer una barbaridad".

Las lágrimas de María no las verán ni los responsables políticos, ni los jueces, ni los que dicen que el daño no se ha producido, ni siquiera sus abogados, pero a los que sabemos de la bondad de María y de esta injusticia sí que nos llega a lo más intimo.

Por ello, con todo nuestro sentimiento queremos realizar un homenaje a estos amigos que como María lloran su pena en soledad. Les han robado la ilusión, pero que al menos sientan el cariño de los que les comprendemos y diciéndoles que no están solos.

Para ello se agradece la presencia de todo el que quiera mostrar su solidaridad con este colectivo el Domingo 16 de Abril a las 13 horas en la Plaza del Ayuntamiento de Santander.

Antonio Vilela Fernández
Presidente de AMA

NOTA DE PRENSA AMA 24-03-06

LAMENTABLE LA SITUACIÓN QUE VIVEN DE LOS AFECTADOS POR SENTENCIAS DE DERRIBO

· El Ayuntamiento de Arnuero ha anunciado el derribo de las viviendas de la 1ª y 2ª fase de la Urbanización El Encinar, con más de 125.000 euros dedicados a destruir viviendas y con los perjudicados sin ninguna solución.

· La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) valora este anuncio como una noticia triste y lamentable noticia para todos: para Cantabria donde se pone de manifiesto la incapacidad de solucionar problemas, para el Ayuntamiento Arnuero donde el dinero de sus vecinos es para derribar viviendas y no para fines sociales, y para los afectados que ven cómo se consuma una de las mayores injusticias con este colectivo.

· Pero la Administración, a pesar de las palabras del Sr. Revilla reconociendo la situación de este colectivo y “poniendo a disposición su Gobierno para solucionar este grave problema”, demuestra que tiene muy poca sensibilidad, y todo va demasiado lentamente.

· De esta forma la Sra. Gorostiaga, que aseguró que recibiría a los afectados en Febrero, ahora en Marzo nos comenta que tiene una agenda muy ocupada y no sabe cuándo nos podrá recibir. La Sra. Gorostiaga tiene que recordar como van pasando los años y no se solucionan los problemas y es que algunos datan de cuando la Sra. Gorostiaga era concejal del Ayuntamiento de Pielagos.

· Los Planes Generales de Ordenación Urbana parece que duermen el sueño de los justos y ni el de Argoños se acaba de aprobar , y por si fuera poco la posibles vías de solución, como viviendas alternativas para las que no se puedan legalizar, parecen haber caído en el olvido.

· Desde AMA pedimos que no nos den tanto la razón, sino que queremos una solución, y que no se puede dejar pasar el tiempo para que vengan otros. El Gobierno de Cantabria es responsable de esta situación y no puede mirar para otra parte.

· Más de 2.000 personas seguimos esperando y la paciencia de todos tiene un límite, como la resistencia física y psíquica. ¿Dónde están las soluciones prometidas?.

· AMA quiere expresar su apoyo y solidaridad con los vecinos del Encinar: decirles que no están solos y que todos los afectados estamos con ellos, así como solicitar por enésima vez al Gobierno de Cantabria y al Ayuntamiento de Arnuero una solución.

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Diario Montañes 18-03-06
Cantabria / REGIÓN
El Defensor del Pueblo, informado de las sentencias de derribo
Roberto Alonso/SANTANDER

La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), formada por los afectados por las sentencias de derribo de sus viviendas, ha asegurado que en Cantabria las administraciones pendientes de mandar la documentación al Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, como el Gobierno de Cantabria y los ayuntamientos, han enviado ya la información requerida.

El presidente de la AMA, José Antonio Vilela, señaló que «tan sólo queda el Ayuntamiento de Escalante donde su alcalde, Pedro José Jado, ha señalado que no sólo quiere mandar información, sino posibles soluciones. Debido a que se trata de una Corporación pequeña, se ha retrasado el envió y lo hará la próxima semana».

La AMA considera «muy importante la actuación de esta institución encabezada por Enrique Múgica, por su credibilidad por ser el alto comisionado de las Cortes Generales, al servicio de los ciudadanos, para defender sus derechos y libertades frente a la actuación de cualquier Administración, así como por demostrar su sensibilidad hacia las víctimas de las sentencias de derribo recibiendo a sus representantes y comprendiendo su situación de angustia».

Gorostiaga

Representantes de este colectivo se reunirán durante este mes de marzo con la vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Dolores Gorostiaga, en su camino por buscar soluciones al colectivo de más de 2.000 personas, que «después de más de 12 años sigue pendiente de poder dormir tranquilo en su vivienda, ya que la misma pueda ser derribada por las actuaciones de las Administraciones».

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EL CORREO 4-3-05

El Defensor del Pueblo reclama información sobre los derribos en la costa cántabra.

H. RODRÍGUEZ/CASTRO

El Defensor del Pueblo ha solicitado a las administraciones cántabras que le remitan de forma urgente toda la documentación relativa a los derribos de viviendas en la costa. Según ha denunciado la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), el organismo ha «requerido esa información urgentemente y por segunda vez».

«Es difícil entender que unos informes que esa oficina ya pidió en septiembre de 2005 no se le hayan facilitado aún», criticaron los afectados, en su mayoría familias vizcaínas. AMA acudió el año pasado a la institución, presidida por Enrique Múgica, en busca de respuestas a la grave situación en la que les dejaron las 17 sentencias que obligaban a echar abajo sus casas.

El grupo, que el pasado febrero se reunió con el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, reclamó tanto al Gobierno regional como a los ayuntamientos implicados «la mayor celeridad en la resolución de todos los trámites administrativos». De ellos depende «que se solucione la situación que padecen más de 2.000 personas», advirtieron

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CANTABRIA A 3-02-06

Compromiso de Revilla con la AMA para evitar los derribos de sus viviendas
ROBERTO ALONSO/SANTANDER

«El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, asegura que nuestra situación es un error administrativo y estudiará con los técnicos y hablará con las instituciones implicadas para resolver la situación». Así lo anunció ayer el presidente de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), Antonio Vilela, que junto a Joaquín Alfageme, de Argoños, y Marcos Campo, de Liencres, se entrevistó ayer con Revilla. en la sede del Gobierno de Cantabria.

Los representantes de la AMA le indicaron al presidente cántabro que tienen mucha esperanza en los Planes Generales de Ordenación Urbana que «se están redactando con el fin de que no exista nada indebidamente construido». Vilela puso como ejemplos, que «en Escalante se intentará corregir la excesiva volumetría del edificio Las Torres, y que en Argoños se resolverá la distancia entre colindantes o el impacto visual que pueda existir».

En lo referente al municipio de Piélagos, que lleva muchos años sin aprobar su PGOU, la AMA ha pedido a Revilla que si en un plazo prudencial el Ayuntamiento y la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo no aprueban el plan, se le quiten las competencias urbanísticas. «La Junta de Andalucía, por un lado, ha resuelto casos de urbanizaciones que estaban en nuestra misma situación y por otro lado ha quitado las competencias urbanísticas al Ayuntamiento de Marbella», declaró Antonio Vilela, que se mostró partidario de aplicar el derecho comparado.

Parlamento

Otro de los aspectos tratados fue que el Parlamento de Cantabria apruebe unas modificaciones urbanísticas que hagan posible la legalidad de las viviendas y que se pronuncie reconociendo la situación de injusticia que vive el colectivo y que se les conceda a los afectados el status de víctimas. Igualmente, Vilela anunció que consideran oportuno que se cree un organismo que les ayude en su sus problemas legales, administrativos y de salud.

Para trabajar en una solución que pase por evitar la demolición de sus casas, desde la AMA pidieron que se destine un mayor presupuesto y personal suficiente a la Dirección General de Urbanismo.

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NOTA DE PRENSA - AMA 31-8-2005

EL DEFENSOR DEL PUEBLO SE REUNIÓ DURANTE UNA HORA CON REPRESENTANTES DE LA ASOCIACIÓN DE MALTRATADOS POR LA ADMINISTRACIÓN

La reunión se celebró en la UIMP y en la misma se estudió la situación de la víctimas de las sentencias de derribo que condenan a la Administración.

Por parte de la Oficina del Defensor de Pueblo participaron

Enrique Múgica Herzog -- Defensor del Pueblo
Manuel Ángel Aguilar -- Adjunto 2º al Defensor del Pueblo
Carlos Luna -- Asesor Jurídico

Por parte de AMA

Antonio Vilela -- Presidente
Jokin Alfageme -- Secretario
Esteban Alday -- Vocal
Jaime Iglesias -- Asesor

En la citada reunión el Defensor del Pueblo manifestó su comprensión con la situación tan difícil que están sufriendo las más de 500 familias víctimas de las sentencias de derribo.

El Defensor del Pueblo requerirá al Gobierno de Cantabria y los Ayuntamientos implicados información sobre la situación de las viviendas con sentencias de derribo.

Enrique Múgica calificó de muy grave la situación que están viviendo las familias afectadas.

AMA seguirá en contacto permanente con la Oficina del Defensor del Pueblo enviando la documentación requerida, así como informado puntualmente de la situación de este colectivo, para que el Defensor del Pueblo pueda elaborar informes, consejos y recomendaciones pertinentes.

AMA solicitó al Defensor del Pueblo se pongan los medios para la legalización de las viviendas tal y como se han realizado en otras comunidades que hagan posible una solución satisfactoria para todos.

Por último AMA agradeció al Defensor del Pueblo el afecto demostrado hacia la victimas de esta situación tan injusta. Es un acto muy poco habitual que el Defensor del Pueblo reciba fuera de su Oficina en Madrid a un colectivo con problemas concretos, lo que habla por si sólo de interés del Sr. Múgica por este grave problema.

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Más de 150 personas han participado en las SEIS HORAS
DE DEPORTE SOLIDARIO

organizado por la Asociación Maltratados por la Administración (AMA) se celebró el pasado sábado día 27 en ARGOÑOS.

Se disputaron 7 partidos de futbol siete, 10 partidos de futbol playa, y 11 partidos de baloncesto además de otros deportes.

El objetivo de estas seis horas ha sido fomentar el deporte y la solidaridad, poner de manifiesto la injusticia que sufren las más de 2000 personas afectadas por 17 sentencias de derribo en Cantabria, en todas ellas condenada la Administración. Así como expresar la solidaridad con todos los que tienen problemas con sus viviendas y la Administración.

Estas primeras seis horas de deporte solidario de AMA dieron comienzo a las 12 horas con una partido de futbol siete entre un combinado de AMA y una selección de jugadores de los pueblos afectados por sentencias de derribo que acabo con el resultado de 5-3 y terminó a las 20 horas con una carrera popular por las 10 urbanizaciones de Argoños con sentencia de derribo con cerca de 100 participantes.

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GRAN ÉXITO DE PARTIPACION 1.200 AMIGOS DELANTE DEL GOBIERNO DE CANTABRIA PIDIENDO LA LEGALIZACION DE NUESTRAS VIVIENDAS

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NOTA DE PRENSA DE LA ASOCIACION MALTRATADOS POR LA ADMINISTRACION (AMA)22-08-05

En cumplimiento de lo acordado entre el Consejero de Presidencia Ordenación del Territorio y Urbanismo José Vicente Mediavialla y la Asociación AMA después de la Marcha a Santander

Se celebró la segunda reunión

Por la Conserjería de Presidencia Ordenación del Territorio y Urbanismo

Miriam Garcia Directora de Urbanismo
Emilio Misas Asesor Juridico

Por AMA

Antonio Vilela Pte.
José Luis Tranche Vocal
Jaime Iglesias Asesor
Jesus Gómez Asesor
Manuel Suero Asesor Jurídico

En la citada reunión se estudia el avance PGOU del Ayuntamiento de Pielagos y seguimiento de las reunión anterior sobre Argoños

Conclusiones por parte de AMA:

1.- El Desarrollo del PGOU está en sus inicios con pocas concreciones y lagunas importantes.

2.- No da soluciones acertadas para las viviendas con sentencias de derribo.

3.- Necesidad de instar al Ayuntamiento de Pielagos a que utilice todos los medios para realizar lo antes posible un buen PGOU para Pielagos, donde se den soluciones a los problemas que actualmente afronta este Ayuntamiento.

Se acordó próximas reuniones para ver la situación de Arnuero y Escalante en Septiembre.
Así como un seguimiento de los realizado en esta 1ª y 2ª reunión.

NOTA DE PRENSA DE LA ASOCIACION MALTRATADOS POR LA ADMINISTRACION (AMA)21-7-05

En cumplimiento de lo acordado entre el Consejero de Presidencia Ordenación del Territorio y Urbanismo José Vicente Mediavialla y la Asociación AMA después de la Marcha a Santander

ayer día 20 de julio se celebró la primera reunión en la que estuvieron presentes

Por la Conserjería de Presidencia Ordenación del Territorio y Urbanismo

Miriam García García Directora de Urbanismo
José Ramón Lomba Técnico de la Dirección de Urbanismo

Por el Ayuntamiento de Argoños

Joaquín Fernández San Emeterio Alcalde de Argoños
Jesús Núñez Secretario de Argoños

Por AMA

Antonio Vilela Presidente
Jokin Alfageme Secretario
Asesores de AMA
Miguel Rodriguez Viadas
Guillermo Ibarrondo

La reunión se inició a las 12:30 horas con una duración de más de 3 horas

En la misma se repasó el Plan General de Ordenación Urbana de Argoños y la situación de las distintas urbanizaciones en el mismo

proponiéndose modificaciones al PGOU para cumplir con los requerimientos judiciales que pesan sobre las distintas urbanizaciones.

Conseguir PGOU que de un respuesta satisfactoria a los ciudadanos de Argoños, al Gobierno de Cantabria y a las demás instituciones.

Se acordó próximas reuniones para ver la situación de Liencres en la tercera de Agosto, Arnuero y Escalante en Septiembre.
así como un seguimiento de los realizado en esta 1ª reunión
Desde AMA, valoramos positivamente este tipo de reuniones donde la instituciones Gobierno de Cantabria, Ayuntamiento y afectados si se buscan soluciones reales, siempre esperando que las palabras se concreten en actuaciones.

Si bien entendemos que estas actuaciones debieran de haberse realizado mucho antes, En AMA estamos en fase de buscar soluciones, para los ciudadanos, y el ver a las instituciones trabajando conjuntamente nos parece un 1ºpaso, si bien experiencias pasadas hace que nuestro escepticismo es todavía muy grande hasta no ver realidades tangibles.

En próximo domingo día 24 de julio a las 12 horas en la Plaza del Ayuntamiento de Argoños AMA realizará una concentración de dos horas, donde dará información sobre la situación del PGOU de Argoños, La reunión tripartita celebrada en el día 20 y la situación de los expedientes abiertos en la Marcha a Santander.

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